Se agudiza el conflicto en la empresa de troles

El despido de dos choferes nucleó a los gremios ATE, UTA y UPCN. Con una huelga de hambre y un encadenado, habrá una reunión clave con el Ejecutivo.

Se agudiza el conflicto en la empresa de troles

Desde el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo de remitir a Legislatura un proyecto de ley para transformar la Empresa Provincial de Transporte (EPTM), el frente gremial se mantiene en alerta, aunque sin mucha capacidad de maniobra.

Ayer a primera hora hubo una asamblea convocada por los tres gremios que representan trabajadores en esa repartición y no se llegó a un acuerdo acerca de las medidas de fuerza a seguir, así que uno de los delegados de UPCN, Dante Guaquinchay, se instaló en la puerta de la sede, en calle Perú, a hacer huelga de hambre. También se encadenó uno de los despedidos de la semana pasada, José Rodríguez.

Mientras esto sucedía en la EPTM, en Casa de Gobierno la redacción del proyecto de ley avanza sin prisa ni plazos; aunque ante la consulta se indica que el destino de la EPTM es inexorable.

Sin embargo, el lunes que viene, una comisión de 9 personas, dos por cada uno de los sindicatos, dos empleados no sindicalizados y el director de la empresa elegido por los empleados, se reunirán con el subsecretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli.

En ese encuentro tienen puestas las esperanzas los delegados gremiales.

El escenario no es el mejor. El director obrero Manuel Moreno, habla de las fortalezas del momento. “Esta vez los tres gremios estamos hablando el mismo idioma”.

Moreno habla de ATE, UPCN y UTA. El problema es que el gremio supuestamente más fuerte, ATE, actualmente vive una fractura de difícil reparación.

El hombre fuerte, Jorge Chávez, es el secretario adjunto de ese gremio y se mantiene aliado a Raquel Blas en la pelea contra el actual conductor de los estatales, Roberto Macho.

ATE está dividido y eso hace que este momento sea el mejor para que Cornejo juegue una carta fuerte en la empresa de troles, una idea que ya tenía desde hace tiempo.

Desde hace varios meses Marinelli y el presidente de la EPTM, Leopoldo Cairone, vienen diciendo que hay exceso de personal y que ese costo lo está subsidiando la provincia.

Desde hace tiempo Marinelli viene diciendo que quiere transformar a la EPTM en una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (sapem). Ésa es la misma figura legal que adoptó Aysam cuando se reestatizó el servicio de agua y saneamiento que operaba Obras Sanitarias.

Éste es el núcleo del conflicto. El desencadenante fueron dos despidos que se conocieron la semana pasada. Uno de los despedidos es el que ayer se encadenó en la puerta de la empresa, José Fernández, quien fue acusado de abandono de servicio por bajarse del trole que conducía a mitad de recorrido, después de haber discutido con pasajeros.

“Venía de ser víctima de un delito y la empresa lo mandó a trabajar sin haberlo contenido”, decía Chávez la semana pasada.

El otro cesanteado es Horacio Heredia, quien acumuló tres faltas sin aviso. “Le desempolvaron inasistencias de 2012 para juntarle las tres faltas y echarlo”, explicaban los delegados gremiales.

Del otro lado, Cairone decía que “el abandono de servicio es causal de cesantía y la acumulación de treinta días de suspensión también. Y cada falta sin aviso son diez días de suspensión”.

Después de los despidos, los gremios llamaron al paro. Eso fue el viernes. Ese mismo día Cornejo disparó: “La empresa va a tener grandes reformas porque es sumamente ineficiente y tiene un costo altísimo. Por lo tanto, vamos a ver un gerenciamiento que -en principio- estará en manos del Estado”.

La frase desató las alarmas de los gremios, que el lunes intentaron seguir con el paro de actividades. Cairone salió públicamente a decir que descontaría los días de huelga y el paro casi no se percibió.

Ayer Chávez y el director obrero Moreno esperaban temprano en calle Perú y Pellegrini para organizar la asamblea fuera de la empresa y llegó un grupo de infantería de la Policía de Mendoza.

“Cuando empezó a llegar la gente a marcar, Cairone salió a decir que quienes marcaran y salieran a la asamblea serían acusados de abandono de servicio”.

En la reunión no hubo acuerdo. Entonces Guaquinchay decidió hacer huelga de hambre y el despedido Rodríguez, encadenarse.

Ayer los gremios fueron a la Subsecretaría de Servicios Públicos a pedir una reunión con Marinelli. La cita fue pautada para el lunes de la semana que viene, a las 12.

Proyectan una sociedad anónima estatal

Según los gremios, la EPTM tiene alrededor de 480 empleados, de los cuales medio centenar están adscriptos a otras dependencias; el número total es cercano a lo que dice el Gobierno, desde donde afirman que “sobran” entre 150 y 200 empleados.

Desde los gremios se indica que buena parte de la superpoblación se debe a los ingresos masivos que permitió Leopoldo Cairone cuando fue nombrado presidente de la EPTM por el entonces gobernador Julio Cobos; se admite en voz baja que alguna razón hubo para esos ingresos: cuando se cayó el Grupo 2, de colectivos, los recorridos que antes hacía la empresa Antártida los empezó a hacer la EPTM con colectivos comprados por Cobos.

Pero aún así, desde los gremios aseguran que Cairone metió algunos empleados de más por la ventana, particularmente del Barrio Cano, donde el titular de la empresa tiene su bastión político.

Desde los gremios plantean que hay seis choferes por cada trole que, admiten, es el doble de los choferes que tienen las empresas de colectivos privadas por cada unidad; pero recuerdan que los troles tienen la línea área, es decir, los cables que alimentan a los vehículos estatales.

Entre la superpoblación que genera costos por kilómetro impagables y la falta de inversión del Estado, se mueven los argumentos de uno y otro bando.

Desde el Gobierno, en voz baja, dicen que todavía no pueden determinar los números finos de lo que cuesta la empresa, por el caos administrativo.

La idea de transformar a la EPTM en sociedad anónima con participación estatal mayoritaria no es nueva. Se planteó en los ‘90, también la propició Roberto Iglesias e incluso Francisco Pérez analizó la posibilidad.

Nunca se tomó la decisión política de avanzar. Esta vez Cornejo ya largó la piedra, se admite que se redacta el proyecto y los gremios advierten que el Gobernador ya quebró al SUTE y que ATE se quebró prácticamente solo.

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