Trabajadores petroleros de Brasil iniciaron ayer una huelga de 72 horas, en momentos en que los camioneros aún no desactivan un movimiento que paralizó a la primera economía latinoamericana por más de una semana.
Aunque el sindicato de petroleros asegura que la huelga no generará desabastecimiento, supone un nuevo desafío para el debilitado gobierno de Michel Temer a menos de cinco meses de las elecciones generales, marcadas por la incertidumbre.
La protesta arrancó ayer de madrugada pese a que el Tribunal Superior del Trabajo emitió un fallo penalizándola con multas de 500.000 reales diarios (U$S 135.000), tras una acción presentada por Petrobras y los abogados del gobierno. La justicia consideró que la paralización podría causar un daño "potencialmente grave" a la población.
Refinerías paradas
La huelga ya contaba ayer con la participación de unos 15.000 de los 30.000 trabajadores sindicalizados, afectando una decena de refinerías y varias fábricas en 12 estados del país, indicó a la la Federación Única de Petroleros (FUP).
La movilización busca la disminución de los precios del gas "de cocina" (gas natural, en las redes domésticas) y de los combustibles, la renuncia del presidente de la estatal, Pedro Parente, y el fin de la venta de activos de Petrobras impulsada por Temer desde que asumió el poder en 2016 tras el impeachment de la izquierdista Dilma Rousseff.
"¡Defender a Petrobras es defender a Brasil!", gritaban ayer un centenar de sindicalistas con su uniforme naranja frente a la refinería de Duque de Caxias, en las afueras de Río de Janeiro.
"Los petroleros estamos en lucha en defensa de Petrobras y contra este desmontaje que están haciendo Pedro Parente y Michel Temer", dijo Tezeu Bezerra, coordinador de Sindipetro Norte Fluminense de Río.
La movilización de los petroleros, que se considera la antesala a otra huelga indefinida prevista para mediados de junio, pone más leña al fuego en un Brasil que apenas empieza a normalizar la distribución de alimentos y gasolina tras la huelga de camioneros contra los altos precios del diésel.
Temer, el presidente más impopular de la historia moderna de Brasil con sólo un 5% de aprobación, ha sido aplaudido por el mercado por sus medidas económicas que dieron, por ejemplo, una mayor independencia a la estatal y maltrecha Petrobras.
El jefe del Estado designó a Pedro Parente para asumir la presidencia de la petrolera en 2016, luego de que la empresa se viera en el centro del megaesquema de corrupción desvelado en la Operación Lava Jato.
Ajuste de tarifas
Parente centró su gestión en el restablecimiento de las finanzas y la credibilidad de la empresa y recurrió para ello a una "transparencia" de precios, ajustando las tarifas diariamente en función de las cotizaciones del mercado internacional.
Esa política generó una imprevisibilidad de precios y llevó a los camioneros a paralizar el país, y ahora también a los petroleros.
El clima tenso se genera a las puertas de las elecciones del próximo 7 de octubre, las más inciertas desde la restauración de la democracia en 1985, donde el candidato favorito, el ex presidente de izquierda Lula da Silva, está preso por corrupción.
El diputado de ultraderecha Jair Bolsonaro lo sigue en las encuestas, pero no hay ningún candidato claramente a la cabeza de la elección.
El 87 % apoya a los huelguistas
El 87 % de los brasileños dice apoyar la huelga de los camioneros y los petroleros, lo que provocó una grave crisis de desabastecimiento de combustibles, alimentos, materias primas y hasta insumos para hospitales en todo el país, según una encuesta divulgada ayer.
De las 1.500 personas consultadas por la firma Datafolha, un 87 % afirmó apoyar la paralización promovida por los camioneros en protesta contra los altos costos de los combustibles, un 10 % se pronunció en contra, un 2 % se dijo indiferente y 1 % se abstuvo de opinar, según la encuesta publicada por el diario Folha de San Pablo.
Tras los diez días de huelga, que provocó una grave crisis en las grandes ciudades, con el transporte público restringido o nulo, escuelas cerradas, hospitales sin medicinas y mercados sin productos agrícolas, el 56 % de los consultados defiende la continuidad de la paralización y un 42 % pedía su fin.
Pese al elevado apoyo a la paralización, un idéntico 87 % rechazó la decisión del gobierno de elevar los impuestos -medida que finalmente no fue llevada adelante- y reducir los gastos públicos para poder financiar el subsidio a los combustibles que le ofreció a los camioneros para que levantaran la huelga.
