El último día de marzo, un conjunto de organizaciones sindicales paralizaron el país en reclamo para que se modifique el denominado impuesto a las Ganancias, que afecta a los trabajadores en relación de dependencia. Se trata de un problema que se agrava año a año, y el reclamo se hace cada vez más fuerte.
La cuestión central de la disputa radica en que el Gobierno no actualiza el mínimo no imponible y las escalas del gravamen, conforme a la inflación real. Consecuencia: cuando los ingresos nominales aumentan, cada vez más personas deben pagar el impuesto y pagar más, de manera que en muchos casos los incrementos de sueldo van directamente a la AFIP.
Pero el caso de Ganancias es sólo una de las enormes distorsiones e inequidades que el gobierno nacional, y las provincias, han introducido en estos años en el sistema impositivo.
La causa del saqueo impositivo a los contribuyentes es el crecimiento desaforado del gasto público en todos los niveles; en consecuencia, hay que extraer recursos como y de donde sea para financiar el despilfarro. De este modo, tanto el gasto como la carga tributaria, medida del modo que se quiera, han alcanzado los niveles más altos de la historia del país.
Es indispensable comprender que sin reducir el gasto público no habrá forma de disminuir la carga impositiva. A lo sumo se les reduce algo a unos y se les aumenta a otros. Por lo tanto, en el paro se advierte que el reclamo excede el asunto del impuesto a las Ganancias; quienes pagan impuestos están abrumados e indignados.
Debemos recordar que la rebelión comenzó en el sector agrario en 2008, cuando se intentó aplicar retenciones móviles a las exportaciones de granos. De todos modos las retenciones han seguido en niveles altísimos, lo que lleva a decir a los productores de soja que uno de cada tres camiones que salen del campo va a la AFIP.
El desquicio fiscal afecta a todos los contribuyentes; por caso tampoco se modifican las escalas del monotributo, régimen que permite a miles de personas trabajar legalmente. Al no modificarse las escalas rápidamente, el contribuyente, por efecto de la inflación, sube de categoría y paga cada vez más, hasta que lo obligan a pasar a la categoría de “IVA inscripto” con los altos costos que ello implica.
Otro impuesto que no modifica el mínimo no imponible es el de Bienes Personales, de manera que hoy en día cualquier familia que tenga una casa y un auto ha pasado a tributar este impuesto.
El gobierno de la Provincia, que aplica obedientemente los mismos criterios que el nacional, también ha producido en los últimos años un notable incremento de impuestos. En el caso de Ingresos Brutos subió las alícuotas diferencialmente e incluyó actividades que antes estaban exentas.
Es de sobras conocido que este es un impuesto distorsivo, con efecto cascada en la cadena productiva y comercial. Hace algunas semanas nuestro diario mostró cuál era el verdadero aumento en el impuesto Inmobiliario, muy por encima de lo anunciado por el Gobierno, llegando al 60% en muchos casos.
En nuestra sección Lectores, uno de ellos mostró con números precisos que en su caso entre 2013 y este año el aumento ha sido de 152%. Cabe acotar que el incremento del Inmobiliario se ha producido a partir de un aumento de los avalúos fiscales, realzado en forma discrecional por la agencia recaudadora.
Ese aumento también es tomado para determinar la tarifa de agua; consecuencia: aumento para algunos usuarios. El impuesto a los Automotores ha subido 30% o más.
Quienes gobiernan y quienes van a gobernar deben tener claro que el saqueo fiscal es insoportable y que sus consecuencias son nefastas para la economía toda. Es la causa primera del enorme tamaño de la economía informal, de la evasión y elusión fiscal, de la fuga de capitales, de la baja inversión productiva. Somos un país en el que el ideal de las personas es hacerse “invisibles” a los entes recaudadores.
Los gobiernos deben tomar nota de la verdadera situación y recordar que las rebeliones fiscales han sido la consecuencia del saqueo a los contribuyentes.
