El Concejo Deliberante de Santa Rosa resolvió ayer, pasado el mediodía y en sesión extraordinaria, supeditar la tarea de la comisión investigadora que evaluaba posibles responsabilidades del Ejecutivo en la muerte de una niña que se electrocutó en una plaza, a la decisión de la Justicia que investiga el caso.
Así, la comisión presidida por el demócrata Antonio Ponce fue desmantelada por el voto de cinco concejales, entre opositores y oficialistas, que cumplieron de esa manera con el pedido de la intendente radical Norma Trigo, quien había hecho llegar al Concejo un pedido para que, efectivamente, la investigación del Concejo se limitara a lo que decidiera la Justicia.
Al respecto, cabe recordar que el fiscal Héctor Rosas, a cargo de investigar la muerte de Leonela Rosales, la niña que se electrocutó con una farola de la plaza de 12 de Octubre, imputó por el delito de homicidio culposo a cuatro municipales, sin que la responsabilidad por lo ocurrido alcanzara a la intendente Trigo.
Aunque inicialmente la comisión había señalado que seguiría adelante con su propia investigación, más allá de lo resuelto por el fiscal, durante el mediodía de ayer se levantó el cuarto intermedio que el bloque kirchnerista había impuesto el día anterior y, en una rápida sesión, el Concejo decidió suspender la tarea investigadora de los ediles sobre la posible responsabilidad del Ejecutivo en la muerte de Leonela.
La votación
Los concejales que votaron a favor de desmantelar la comisión investigadora fueron los oficialistas Débora Quiroga y Ezequiel Quiles, a los que se sumaron los kirchneristas Celso Reta, Mary Maravilla y también el voto de Adrián González.
Por otro lado, los peronistas Marcial Ibarra y Marianela Quiroga se opusieron al pedido del Ejecutivo, en tanto que el presidente de la comisión, Antonio Ponce no llegó a estar presente en el recinto.
“La aprobación del pedido demuestra un gobierno municipal claro y que siempre busca lo mejor para los santarrosinos, haciéndose cargo de lo justo, impidiendo las falencias y llegando con políticas sociales y económicas a cada rincón del departamento.
Estas acciones generadas por el interés político de la comisión investigadora y la mediatización de falsas acciones, sólo lograron generar malestar social y el avasallamiento de los derechos y las instituciones”, expresó el Departamento Ejecutivo en un comunicado de prensa.
