Si bien el día 1 tras el cierre del edificio comunal en Santa Rosa transcurrió con una relativa normalidad, los municipales advierten que se mantienen en estado de alerta y apuran al Concejo Deliberante para que avance en esta semana con una posible suspensión del intendente, Sergio Salgado.
Ayer, después de 5 días de cierre y un conflicto que atrajo la mirada de los medios de comunicación nacionales, la Municipalidad del Este reabrió sus puertas para atender a los vecinos en la parte administrativa.
“Fue todo tranquilo, se ha trabajado y ahora se sigue normalmente”, señaló el Intendente justicialista, aunque algunos trabajadores dijeron haber asistido a su lugar de trabajo pero no efectuar sus tareas, en protesta por no haber cobrado aún el mes de noviembre. En lo que sigue, mañana se reúne la comisión investigadora y se espera que hayan avances en las pruebas para elaborar un dictamen que pondría, otra vez, a Salgado en el banquillo de los acusados ante los concejales, quienes podrían suspenderlo.
Antecedentes
Aunque la medida parece drástica, esta no sería la primera vez. En octubre del 2008, unos meses después de haber asumido su primer mandato, Salgado estuvo suspendido durante 15 días (situación que buscan repetir ahora). La investigación apuntó a una serie de irregularidades, aunque finalmente el único motivo que sirvió para aplazarlo temporalmente fue una protesta de 300 personas que ingresaron al Concejo, supuestamente, inducidas por Salgado.
Los manifestantes, en aquel momento, eran contratados enojados porque el Concejo no aprobó un aumento, pedido por el intendente, en los gastos corrientes, es decir, en sueldos. Si bien en aquel momento Salgado volvió a ejercer su cargo (por decisión de la Suprema Corte), los cuestionamientos siguieron. En el 2010 volvió a pasar por la misma situación, aunque no llegó a ser destituido.
El año pasado, tuvo que atravesar dos procesos similares, que no prosperaron. Uno fue en febrero y el último, fue el 17 de noviembre, día en el que los 7 concejales que firmaron el dictamen podían suspender su gestión, a sólo días de reasumir por tercera vez. En la sesión, uno de esos votos se abstuvo, lo que permitió que Salgado continuara.
Ahora, dos meses después, el mismo procedimiento de juicio político se vuelve a reactivar. Los concejales, con la nueva conformación que surgió de las últimas elecciones provinciales, avanzarán mañana en el acopio de pruebas que fundamenten una denuncia que presentó el ex intendente y actual concejal, Antonio Ponce (PD). La demanda incluye 12 puntos.
Lo que viene
"El miércoles vamos a tratar en comisión el tema, vamos a ver qué información tenemos. Si estamos de acuerdo podríamos avanzar con en dictamen (paso previo a la formación de causa y a la sesión que podría suspenderlo)", estimó Ezequiel Quiles, concejal de la UCR, aunque reconoció que hay mucha presión de los trabajadores para apurar las instancias.
En este sentido, Néstor Marzoneto, un trabajador nucleado en ATE, señaló que están expectantes con lo que ocurra mañana, y consideró en ocupar la banca del vecino para expresar el apoyo a la causa contra Salgado. El municipal dijo que están yendo a sus puestos de trabajo aunque mantienen la medida de fuerza, y que van a seguir así hasta que hayan definiciones.
Por otro lado, en los municipales no cayó nada bien las declaraciones de Salgado en Canal 7 de ayer. El intendente dejó varias definiciones, en las que dijo que hace dos años que no paga una nómina salarial completa, y que su autocrítica pasa por haber destinado dinero municipal en obras nacionales. Pero lo que causó un rechazo generalizado, fue que el justicialista señaló que “los empleados, promedio, (ganan) entre 8 mil y 9 mil pesos”. “Esto será para los de mayor antigüedad, pero hay gente que gana mucho menos”, rechazó uno de los trabajadores.
En lo que resta, además de ver qué pasará con un eventual juicio político, el intendente presentó la semana pasada una carta ante la Subsecretaría de Trabajo, para que informe si las medidas de fuerzas realizadas por los trabajadores santarrosinos fueron realizadas de acuerdo con las normas legales prescriptas. En Gobierno provincial, adelantan que esta semana habrá una respuesta.
