Quienes a diario siguen la política local no salen de su asombro. El municipio de Santa Rosa es un escenario de sucesivas crisis, de fortísimos enfrentamientos, de peleas constantes siempre al borde del colapso institucional. La polaridad, la tensión, el in crescendo casi teatral de sus actores le ha dado en la agenda pública un protagonismo que otras comunas, más grandes, más consolidadas, más productivas, no tienen.
Luego de sostener un rol protagónico en el Concejo Deliberante que presidía, la radical Norma Trigo quedó interinamente, en abril de 2017, al frente de la intendencia tras la debacle que se produjo con el escándalo generado por los desmanejos de su antecesor, el justicialista Sergio Salgado. En aquella ocasión, el Concejo acorraló a Salgado tanto como hoy lo hace con Trigo, pero con una salvedad: las pruebas irrefutables de su mala administración -por ejemplo, al librar cientos de cheques oficiales sin fondos- transformó la apasionada pelea política en una causa judicial que terminó con el ex jefe comunal en la cárcel de Boulogne Sur Mer.
Ingenuidad mediante, santarrosinos y analistas creyeron que tras las elecciones municipales convocadas hace un año para completar el mandato al que Salgado renunció desde su celda, donde se autodefinía como "preso político", la comuna podría volver a un camino de encauzamiento institucional, que le devolviera a los vecinos un atisbo de tranquilidad. Nada más errado.
Nuevas peleas, antiguos protagonistas, pusieron ahora en discusión el rol de la actual gestión, sólo que esta vez en el contexto de una tragedia impensada: la muerte de la niña Leonela Rosales, quien se electrocutó cuando jugaba en la plaza 12 de Octubre. Por especulación o por revancha, el Concejo le dio a probar a Trigo parte de su misma medicina con pedidos de informes, citaciones al recinto, acusaciones políticas sobre la responsabilidad de la intendente en el fallecimiento de la nena y un rosario de polémicas en paralelo a la investigación judicial.
Desde el Ejecutivo municipal, la respuesta fue en la misma sintonía autista: desconocer la potestad de los concejales y aferrarse a que la Justicia hasta ahora no entiende que la jefa comunal tenga responsabilidad penal en tan triste suceso. Otra vez las amenazas de destitución, de acefalía; nueva tensión con viejos ingredientes. Sin embargo, sobre el filo del fin de la semana pasada, el Concejo volvió sobre sus pasos y decidió -sorpresivamente- suspender esa comisión investigadora que había amenazado con hacer cesar a Trigo hasta un puñado de horas atrás. Así de extraño, así de contradictorio, así de sobreactuado.
Negociaciones políticas mediante, que incluso involucraron a altos niveles del Gobierno provincial, permitieron encapsular (por ahora) el conflicto y poner un poco de racionalidad en una disputa que parecía llevar indefectiblemente al municipio hacia un nuevo abismo. Desde el Ejecutivo acusaron el fin de semana a los irreductibles ediles de pretender montarse en un hecho tan trágico para intentar igualar a la gestión de Trigo con la de Salgado.
Y el mensaje alcanzaba también a un ex aliado, como el concejal demócrata Antonio Ponce, uno de los fogoneros de la debacle de Salgado y de los actuales dolores de cabeza de Trigo. Otro chispazo radical con el PD en Cambia Mendoza.
El stand by de la crisis al menos permite ahora hacer lugar a la reflexión necesaria y pertinente sobre el manejo del Estado y la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Será ahora la Justicia la que marque, o no, los tiempos de la política. Pero no la pretensión inversa, o la sobreactuada preocupación de quienes en nombre del control de los actos de gobierno sólo aspiran a dirimir diferencias políticas, incluso a costa de los hechos más desgraciados.
No puede haber mejor política si no hay mejores políticos. Y más allá de crisis institucionales, Santa Rosa padece una profunda crisis dirigencial, cuya superación requerirá un esfuerzo extraordinario. La impostura no diferencia entre oficialistas y opositores.
