En Casa de Gobierno nadie quiere mencionar la palabra “intervención” y mucho menos vincularla al departamento de Santa Rosa y su crisis. Es que no hay puertas legales para que la Provincia meta mano en esa comuna.
El único poder con alguna capacidad para intervenir es la Justicia. Ya hay causas judiciales que podrían terminar con una acusación contra el intendente Sergio Salgado, una de ellas por emitir cerca de 300 cheques sin fondo.
Hay otra por unos convenios firmados con Iscamen que nunca pasaron por el Concejo Deliberante y los ediles denunciaron a Salgado ante la Fiscalía de Estado. El órgano de control pidió información que el Ejecutivo municipal no respondió y entonces presentó la denuncia penal.
Pero la intervención judicial tampoco es definitiva porque los municipios son autárquicos. La Constitución provincial dice, en su artículo 207, que es posible intervenir un departamento sólo en caso de acefalía y hoy Santa Rosa no está acéfala.
El único órgano con atribuciones constitucionales de intervención en el Ejecutivo municipal es el Concejo Deliberante de ese departamento, es decir que la Constitución mendocina indica que son los propios santarrosinos los que deben arreglar sus problemas.
Ayer, el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, Carlos Segura, decía que cualquier ejecutivo tiene facultades para cerrar un edificio público, la clave son los motivos y el tiempo que permanecerá cerrado. “Hay un órgano que tiene la facultad de intervenir que es la Fiscalía de Estado como custodio del patrimonio estatal”, y los edificios estatales son parte de ese patrimonio.
Pero la Fiscalía de Estado no puede ordenarle cosa alguna al intendente Salgado. Apenas si puede presentarse a la Justicia y ese camino ya fue iniciado: en el caso de los cheques sin fondos, la denuncia fue del Banco Nación (agente financiero de la comuna) y la Fiscalía se ha hecho parte; además, en medio de la maraña de documentación, surgió un acuerdo con un financista que compró esos cheques y la Fiscalía está pidiendo ampliaciones que seguramente desembocarán en otra denuncia penal.
Además están los convenios con Iscamen por los que el municipio fue denunciado por no entregar información.
La crisis financiera y política de Santa Rosa es un dolor de cabeza para el Gobierno, porque el departamento está caldeado y si explota, será un problema político provincial. La opción que ha tomado Alfredo Cornejo es que sea el propio intendente Salgado el que se haga cargo del conflicto y reestructure sus gastos.
El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, dijo que hubo un pedido concreto a Santa Rosa: que presente un plan de reestructuración por escrito. “Con el único municipio que el Gobierno provincial está exactamente al día es con Santa Rosa e igual no puede hacer frente con sus obligaciones.
Si paga 8 millones de nómina salarial y recibe 4 millones de coparticipación, está claro que por más que lo ayudemos no va a poder salir del problema, a menos que presente un plan para hacerse cargo de su gobierno”, decía Kerchner.
Más aún, el ministro condicionó la ayuda a ese plan de reestructuración, porque “no podemos seguir tratando en forma desigual a los demás municipios de la provincia. Los perjudicamos”.
Es que el Gobierno provincial también está en crisis y le debe a todos los otros municipios. Según se informó desde Hacienda, en los últimos días se le transfirieron fondos por $ 4.874.178,03.
