En Santa Rosa, el bloque del Frente para la Victoria tiene mayoría en el Concejo y presentó un proyecto de ordenanza que declara la emergencia ocupacional en el departamento y prohíbe hasta el 31 de diciembre de 2017 los despidos dentro del municipio.
El proyecto ya pasó por comisión y debía ser tratado ayer en el recinto, pero no hubo quórum suficiente y así su discusión quedó postergada hasta el próximo martes. Dentro del peronismo son optimistas y aseguran que la norma será sancionada, ya que cuentan con cinco de los nueve ediles (la presidente del Concejo, Norma Trigo, está a cargo de la intendencia).
“La situación laboral es complicada y encima vamos a tener un invierno muy duro porque casi no hubo cosecha; por eso queremos cuidar la fuente de trabajo de los municipales”, explicó el edil Marcial Ibarra, autor del proyecto.
Santa Rosa tiene poco más de 16.000 habitantes y, de manera insólita, casi 2.000 de ellos dependen de la comuna, que se ha transformado en la última década en la principal fuente de trabajo de un departamento que prácticamente carece de emprendimientos privados de gran relevancia y que tiene en la feria La Salada un resumen de la precariedad en la que se mueve la gente.
Si bien la cifra concreta de empleados municipales sigue siendo un misterio, incluso para Norma Trigo (UCR), la intendente interina, todos coinciden en que hay unos 2.000 empleados, la mitad en planta permanente.
El proyecto del PJ abarca a todos los trabajadores que presten servicios en el ámbito municipal que ingresaron antes del 29 de febrero último.
Ibarra subrayó que la norma no ampara al que no trabaja: “Si alguien cobra y no cumple ninguna tarea, desde el Concejo vamos a apoyar que sea despedido”, aseguró y señaló que la norma crea una “Comisión Ocupacional” de concejales y funcionarios, que debería encargarse de posibilitar la generación de nuevos trabajos en el ámbito privado.
Débora Quiroga, concejal radical, sostiene que no es necesaria la ordenanza: “Desde que asumimos este gobierno de transición, no se ha despido a nadie sin causa y la gente que trabaja sigue en sus puestos. No he leído el proyecto pero no creo que sea necesario y, además, el FpV recién ahora cae en la realidad de que el departamento está mal y que no hay trabajo. Gobernaron ocho años y ahora se dan cuenta de que hay problemas”.
Antonio Ponce, concejal demócrata, está en contra: “Yo no pido que saquen al contratado de $ 1.500 pero Salgado y su gente hicieron de este municipio una bomba y encima no quieren que nadie la desarme por dos años. Hay muchos funcionarios de Salgado que se metieron en planta, hay gente que no hace nada, hay oficinas donde las sillas y el lugar no alcanzan para todos los empleados”.
