La propuesta presentada por la Dirección General de Escuelas ante la Legislatura provincial, destinada a penar la violencia escolar, es interesante y oportuna porque no se trata de la aplicación de sanciones dentro del colegio, lo que podría generar problemas para la contención de los alumnos dentro del ámbito educativo, sino de modificar el Código de Faltas, de manera tal que aquel padre que agrede a un docente puede llegar a recibir 30 días de arresto o 3 mil pesos de multa, mientras también se contemplan penas para aquellos progenitores que no retiren a sus hijos en un determinado plazo una vez finalizada la actividad escolar.
La violencia escolar ha sido tema de preocupación de la dirigencia política y de la ciudadanía en los últimos tiempos, a punto tal que el proyecto que envió el Ejecutivo debió ser acumulado a otros que, en el mismo sentido, habían sido presentados con anterioridad en la Cámara baja. Ello surge como consecuencia de la repetición de problemas que debieron -y deben- afrontar tanto docentes como directores de establecimientos educacionales, sin que existiera algún tipo de normativa legal que los defendiera.
Sin duda, la gota de agua que rebalsó el vaso y que motivó la aceleración de la presentación del proyecto oficial se dio días pasados, cuando una maestra de Las Heras fue agredida verbal y físicamente por la madre de un chico.
La docente, que quedó afectada tanto física como psicológicamente, recibió el apoyo de sus pares y directivos quienes reclamaron públicamente por lo sucedido. Fue un hecho más de los conocidos en razón de que ese tipo de situaciones son vividas a diario por los maestros y se dan casos, no denunciados en forma pública pero que se conocen, en los qaue algunos padres amenazan a los docentes para que les firmen el certificado de asistencia de sus chicos -a pesar de no haber concurrido a clases- a los efectos de percibir la asignación universal que otorga el Gobierno, desvirtuando así la esencia de la norma que tiene como objetivo la asistencia del chico a la escuela.
El proyecto actual tiende, entonces, a ratificar la responsabilidad que cabe a los padres en la educación de sus hijos, que debe ser compartida con el docente en razón de que la escuela les otorga los conocimientos necesarios para que puedan desenvolverse en la vida. Se ha buscado la vertiente de la modificación del Código de Faltas, a través de dos variables.
Por un lado establece penas de hasta 30 días de arresto o 3 mil pesos para aquellos padres que agredan a un docente, mientras por el otro se sanciona, con las mismas penas, a aquellos progenitores que de manera reiterada e injustificada retiren a los niños del establecimiento por fuera de los horarios de salida. La propia titular del organismo escolar señaló claramente, al hacer el anuncio, que “los padres se hagan cargo de la parte que les corresponde en la educación de sus hijos, para que la escuela pueda hacerse cargo de la función normativa y educativa que tiene”.
Otro de los aspectos anunciados por la autoridad escolar, aunque de aplicación a través de otra norma, es la que se refiere al proceso que debe adoptar la institución a los efectos de garantizar la seguridad de los directivos, si se ven en la obligación de aplicar sanciones por hechos de agresión, bullying, trabajo infantil o abusos en el entorno de la familia o adicciones, que también se han multiplicado en los últimos tiempos.
Se están dando, entonces, pasos importantes en lo referido a la necesidad de compartir la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Medidas como las anunciadas tienden también a fortalecer el necesario respeto que se debe tener para con las autoridades, más allá inclusive del ámbito educativo. Logrado ese primer paso e instalando el orden que debe primar en el establecimiento educacional, será el momento de profundizar los estudios a los efectos de conseguir el fundamental objetivo, como es el mejorar la calidad educativa.
