En un juicio abreviado (acuerdo entre la acusación y defensas) el Tribunal Oral Criminal Federal 6 de Capital Federal, condenó a siete prestanombres, los que fueron identificados como Raúl Marinone, un veterinario de 59 años; Roberto Trolio (72), Jorge Díaz (52), Rosendo Lorente (67), Mirta Llera (66), Alfredo Rodríguez (87) y Oscar Moreno (76), a la pena de 3 años en suspenso, multas (de 500 mil dólares) y la realización de tareas comunitarias.
Es que quedó comprobado (y admitido por los acusados) que entre mayo de 1997 y diciembre de 1999, integraron una asociación ilícita encabezada por los fallecidos Nicolás Di Tullio y Angel Salvia (propietarios de una inmobiliaria en Mar del Plata), para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la compra de propiedades, terrenos, inmuebles y vehículos de alta gama, para lo cual contaron con los servicios de Mercado Abierto SA, propiedad de Aldo Ducler, de donde se retiraban los fondos en cheques, efectivo o transferencias.
Según la instrucción judicial, el dinero "transferido" a la Argentina, más de 21 millones de dólares, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos, principalmente Chicago, por parte del denominado "Cártel Carrillo Fuentes" o "Cártel de Juárez" y que tuvo a varios de sus integrantes actuando en nuestro país como "inversores"
El fallo -dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal- habla de una asociación ilícita para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de "operaciones realizadas legalmente".
Entre San Juan y Recoleta
En el fallo con la firma de los jueces Julio Luis Panelo, María del Carmen Roqueta y José Valentín Martínez, también se hace referencia a los terrenos decomisados, que fueron identificados como Campo Minitas, Totoras y Hornitos, ubicados en la localidad de Calingasta de San Juan, en plena cordillera de los Andes, muy cerca del límite con Chile.
También se detallan la expropiación de otros bienes, como un departamento en Recoleta, otro en Bahía Blanca, varios vehículos de alta gama, además de bienes muebles valuados en alrededor de unos 25 millones de dólares.
Ahora, a poco de conocida la noticia y reproducida por medios de San Juan, se supo que Estela Collado, vecina de Calingasta, reclama 7.000 de 13.000 hectáreas que posee en la zona de Campo Minitas, Totoras y Hornitos y que fueron decomisados a una empresa (Petrolera Mar del Plata) vinculada al Cártel de Juárez por la Justicia Federal.
En diálogo con una radio local, la mujer aseguró que "no sabemos a ciencia cierta si fue como terrenos fiscales o en qué operatoria, porque a nosotros no nos pagaron nada... y estos terrenos fueron adquiridos por mi abuelo en el año 1925".
