El conflicto por las "fumigaciones" contra la polilla de la vid parece no tener fin: ayer por la mañana se realizaron con un avión en San Carlos pero la comuna puso el grito en el cielo porque esgrime que una ordenanza las prohíbe. Por esto, el Ejecutivo municipal presentó una denuncia penal ya que se estaría violando esa normativa.
Pese a esto, desde el Iscamen señalaron que continuarán con la campaña en tanto tienen aval judicial para hacerlo. Es más, antes de San Carlos hicieron lo mismo en fincas de Tunuyán y Tupungato.
La situación se da en un contexto de tensión, ya que organizaciones de campesinos, ambientalistas, animalistas y pobladores cuestionan el Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana que implementa el Ministerio de Agroindustria nacional.
Lo hace a través del Senasa mientras que en la provincia el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) tiene función de policía, ya que debe monitorear su ejecución.
Luego de una denuncia de entidades ambientalistas, el 17 de noviembre se conoció un fallo judicial que afirmó que los daños que podrían provocar las pulverizaciones no estarían probados, lo que en definitiva dio luz verde para continuar con la campaña.
El Iscamen se apoya en ese fallo para continuar con la aplicación del producto para “curar” los campos. Desde el organismo aclaran que no se trata de un agroquímico sino de un producto orgánico.
“La Justicia se ha expedido al respecto y ha sido clara al decir que los productos y métodos no revisten riesgos para el medioambiente ni la salud humana, lo que nos avala para continuar con el normal desarrollo de la campaña. No hacerlo sería faltar a nuestros deberes de funcionario público”, resaltó Alejandro Molero, presidente del instituto.
Ordenanza vs. ley
Desde el municipio de San Carlos explicaron que como esta actividad está prohibida por ordenanza, se estaría violando la normativa.
Además del Ejecutivo a cargo de Jorge Difonso (PD), concejales kirchneristas liderados por Juan Jofré también anunciaron que presentarán una denuncia.
De acuerdo a esta postura, el avión que fue visto ayer en la zona de Altamira y La Cañada está violando la Ordenanza 1678 aprobada el 26 de octubre por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se prohíbe la aplicación de agroquímicos con aviones.
Al respecto, Molero destacó que entiende que las normas nacionales están por encima de las municipales. “Si bien somos un organismo técnico, entendemos que legalmente existe un orden de prelación normativa por el cual nunca una ordenanza puede tener supremacía por sobre una ley de emergencia nacional, la cual rige hasta 2019”.
Agregó que sabían que existía la ordenanza e incluso asistieron al Consejo Deliberante para contribuir a que no se aprobara. Allí señalaron las consecuencias económicas que tendría no fumigar y la consecuente pérdida de puestos de trabajo “producto de la peor plaga que ha afectado a la provincia, con un altísimo poder de daño y destrucción”.
¿Perjudicial a la salud?
Los que cuestionan estos operativos sostienen que las pulverizaciones aéreas para combatir la plaga de Lobesia botrana, más conocida como polilla de la vid, sobre cultivos, pueden ser nocivas para la salud.
La organización ambientalista Oikos había presentado una medida judicial contra el Gobierno, el Iscamen y el Senasa por considerar que el tratamiento con los productos que se están utilizando “podría” contaminar de modo perjudicial la salud y el medio ambiente. Pero el mencionado fallo rechazó este amparo. El juez Carlos Dalla Mora determinó que la campaña debe continuar desarrollándose con normalidad y argumentó su decisión basándose en que “el perjuicio invocado por la parte actora no ha sido probado”.
El Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza también rechazó las fumigaciones a través de un comunicado en el que se señala que “inciden de manera indiscriminada sobre poblaciones rurales, edificaciones públicas, predios con agricultura orgánica, granjas y apiarios, sin tener pruebas fehacientes y definitivas sobre la inocuidad de los productos utilizados”.
Para defender el programa, una mesa técnica conformada por especialistas del Senasa y el Iscamen difundió estudios científicos que respaldan las acciones tomadas contra la polilla de la vid y con ello se dio por cerrado el debate.
De hecho, Molero señaló que la estrategia fue diseñada con el aporte de 35 entidades de productores, técnicos y científicos. Detalló que el impacto negativo de la plaga se puso de manifiesto la temporada pasada cuando se perdió más de 60% de la producción vitícola en zonas como Maipú, Luján y el Este.
Una duda científica
La Universidad Nacional de la Plata emitió un informe el 16 de noviembre en el que señala la concentración del plaguicida marca Coragen -utilizado por el Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana- que permanece en las inmediaciones de la vid varios días después de la fumigación. El trabajo concluyó que las dosis que persisten en los reservorios de agua son superiores a las recomendadas.
Aclara que por no existir parámetros nacionales en cuanto a las dosis aceptables para esta concentración en aguas de consumo se tomó lo establecido por la Comunidad Europea, que indica que no debe superar los 100 nanogramos/litro. Sin embargo, en 3 de los 5 puntos donde se hicieron los controles se superó esta proporción, en dos levemente y en uno quintuplicándola.
