Sin la intención de hacer pie en la interna que se abrió en el Frente Renovador (FR) por el apoyo o no a la dirigente Milagros Sala, el intendente de San Carlos, el massista Jorge Difonso, decidió dejar sin efecto una donación de terrenos para que la Tupac Amaru construyera alrededor de 60 viviendas.
"Si bien tengo mi postura política respecto al tema, el hecho puntual se trató de un acto de gestión", justificó Difonso y dijo que la decisión de dar marcha atrás a la donación fue por el incumplimiento de un acuerdo, situación en la que también entró la Cooperativa de Amuppol, a la que también se le quitó los lotes cedidos.
"El intendente realizó una donación con cargo, lo que significa que dona el terreno con el encargo de que hagan las viviendas. Si no se construyen, vuelven al dueño original, para así evitar posibles usurpaciones", explicó el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Damián Salamone. El trato fue que en el plazo de dos años, debían comenzar las obras.
Por su parte, Nélida Rojas, titular de la Tupac Amaru provincial, no lamentó la pérdida e hizo referencia a la falta de continuidad del programa. "¿Para qué queremos terrenos si no hay viviendas?".
Más allá del hecho puntual, la novedad se conoció en un contexto de "grieta" en el que el Frente Renovador nacional, a partir de que el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, decidiera pasar Año Nuevo acompañando a la dirigente jujeña, Milagro Sala, quien se encuentra detenida. Este gesto que fue reprobado por Graciela Camaño, presidente del bloque de diputados de la fuerza liderada por Sergio Massa.
Ya en tono político, y destacando que este hecho concreto se trata más que nada de una coincidencia, Difonso dijo que está en la vereda de los que no apoyan a Sala. “Si tengo que tomar partido, soy de los que piensan que nosotros no tenemos nada que ver con el manejo de fondos que se investigan”, opinó.
El pase de pelota
Cuando se pregunta por qué en dos años no se hizo absolutamente nada para comenzar a construir las viviendas sociales que le correspondía a la Tupac, los distintos actores en el tema dan sus explicaciones que, por supuesto, no tienen que ver con lo que a ellos les toca.
Por un lado, Rojas apuntó contra el municipio de San Carlos y el IPV. "El IPV tenía que aceptar la donación para poder implementar el programa. Pero el trámite se fue dilatando en el tiempo, y el municipio también lo demoró. Ninguno trabajó en el proyecto de vivienda socio comunitario", señaló Rojas.
Por su parte, en el IPV aseguraron tener la voluntad política de terminar lo iniciado, aunque a expensas del desembolso nacional. “Cuando nosotros asumimos, el programa Federal de integración Socio Comunitario ya no tenía continuidad”, explicó Salamone.
A su vez, señaló que el 25 de noviembre enviaron una nota al municipio, en la que se solicitaba adjuntar una determinada documentación, haciéndose eco del pedido de la Tupac por los terrenos.
Salamone explicó que la situación de la organización que se dedicó a construir viviendas sociales se encuentra paralizada, tanto por la decisión nacional de terminar con el programa, como por la auditoría que postergó todo desembolso, hasta tanto se constate si hubo algún tipo de irregularidad en el manejo de fondos.
En este sentido, aclaró que la dependencia provincial no pone un solo peso, sino que la plata viene de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, encargada de decidir la continuidad y el desembolso de dinero para la Tupac. "Nosotros sólo somos administradores de los recursos", definió Salamone.
En cambio, Difonso señaló que la donación correspondió a una operatoria de viviendas en la que se puso a disposición de varias cooperativas (entre ellas la de la Tupac) terrenos municipales. Así, mientras que las demás cumplieron con el avance de obras, las ya señaladas no lo hicieron.
El intendente sancarlino responsabilizó al IPV y a la Tupac por la inacción y el incumplimiento del cargo y confirmó que los terrenos fueron reasignados a la cooperativa Virgen de Luján.
Plata pública, rédito político
La Tupac Amaru es una organización social que se dedicó a la construcción de viviendas sociales a través de cooperativas de trabajo durante el kirchnerismo. Su inicio en la provincia fue en el 2008 con un primer plan de obras en Lavalle, departamento sede del movimiento, bajo el mando de Nélida Rojas.
Actualmente, la agrupación local -al igual que en todo el país- se encuentra investigada luego de la denuncia de la diputada nacional, Margarita Stolbizer. En ese momento, medio centenar de familias se animó a radicar sus denuncias por reparto irregular de las viviendas.
