Mientras las autoridades buscan minimizar los riesgos, no alcanzan a pergeñar señales concretas para solucionar la crisis económica.
Durante la semana, se acentuó el debate acerca de la búsqueda de formas que permitan a las empresas mantenerse en pie mientras dure la cuarentena, sobre todo ahora que se extendió hasta el 12 de abril inclusive. Pero también aparece el problema serio de los monotributistas, autónomos y, sobre todo, de los que están en la informalidad.
No se trata de plantear el falso dilema Salud o Economía. En realidad, la salud es prioritaria por cuestiones humanitarias, pero los problemas de la salud no se podrán atender si no se pone en marcha la economía.
Todos los especialistas reconocen que la salida de la cuarentena no puede ser de actividad plena porque se corren serios riesgos de perder el terreno ganado y que, por lo tanto, se deberá planificar un proceso ordenado preservando a los grupos de riesgo identificados y a las zonas de mayor circulación comunitaria del virus.
Mientras tanto, el Gobierno deberá hacer políticas activas para ayudar a los sectores más perjudicados, pero partiendo de la base que la economía no tiene un problema de demanda sino de oferta.
Aclaramos esto porque la mayoría de las medidas adoptadas, destinadas a arrimar recursos a los sectores más débiles de la sociedad, son positivos pero terminan estimulando una demanda que, a medida que se acelera, no encuentra oferta que la satisfaga. La parálisis de la actividad económica hace que muchas empresas no puedan trabajar, no están facturando nada y tampoco podrán pagar ningún impuesto.
Las primeras decisiones del Gobierno estuvieron dirigidas a proteger el empleo, estableciendo los Repro y ahora sacó un subsidio equivalente a un salario mínimo, o algo menos, para pymes que tengan hasta 100 empleados. El gobierno les da el subsidio pero obliga a las empresas a pagar las cargas sociales. Además, prohibió despidos y suspensiones a pesar de que la mayoría no está trabajando.
El agujero fiscal
Está claro que el gobierno está tomando decisiones que sólo son financiables con emisión monetaria y algunas de ellas se podrían haber remplazado rebajando o posponiendo el pago de impuestos por 90 días. El efecto es el mismo, pero se evita el proceso selectivo. Además, podría rebajar ciertos rubros del gasto público que son muy irritantes.
El crecimiento de la emisión monetaria ha sido de un 33% y se calcula que se puede duplicar en los próximos meses, pero el problema es el déficit, porque la recaudación cayó un 50% en marzo y podría caer más en abril por la falta de actividad.
Esta semana se acentuaron los reclamos de la población para que los políticos y jueces se rebajen sus salarios, para que los cargos altos de la Administración tengan una quita y ponen como ejemplo la decisión que tomó el Presidente de Uruguay.
Mendoza fue la pionera cuando el gobernador Rodolfo Suárez fijó un límite de $ 50.000 para los funcionarios políticos e invitó a la Legislatura y al Poder Judicial a hacer lo mismo.
La decisión de Suárez fue imitada en otras provincias pero adolece de una falla de origen. Se plantea la rebaja como emergencia por un mes pero se olvidan, todos, que la economía no se va a reactivar rápidamente y la emergencia puede durar entre 18 y 24 meses. Esto quiere decir que el sector privado no estará en condiciones de aportar los recursos que el actual Estado, sobredimensionado y deficiente, requiere para mantenerse durante ese lapso.
Lo grave es que el Presidente ha dicho que no hace falta bajar los salarios de los políticos, pese a una iniciativa del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que propone rebajar un 30% las dietas de los diputados.
En realidad, la situación económica es muy severa. El ministro Guzmán no consigue generar un acuerdo con los acreedores por la deuda, que le puede liberar recursos. Cada día más sectores se suman a los reclamos y los que se han anunciado, para pymes, no alcanzan porque el problema grave es el corte de la cadena de pagos por falta de actividad. Miles de cheques rechazados son la muestra más palpable.
Por ahora los bancos son los que no quieren aflojar y pretenden que el Estado les garantice el 100% de los préstamos subsidiados a las pyme, mientras las empresas reclaman que sean a tasa cero. Como es obvio, los escasos recursos no alcanzan para todos y vendrá una nueva secuela que afectará la vida a miles de pymes de diversos rubros, que pocas posibilidades tendrán de rehabilitarse.
Las negativas a revisar el gasto público están basadas en concepciones ideológicas antiguas que, además, han mostrado un fracaso total y la causa de todos los males de la Argentina de los últimos 90 años. Pero ahora comienzan a chocar contra la realidad de la economía. Los contribuyentes no podrán seguir pagando los exorbitantes impuestos.
Frente a esta realidad, el sector político no tendrá más remedio que repensar la estructura del Estado, para que priorice sus actividades fundamentales, en materia de salud, educación, seguridad y justicia, y ajustar los salarios de sus miembros a la dimensión de lo que la economía pueda pagar. De lo contrario, el escenario, además de profundamente recesivo, será de caos.
