El pago del retroactivo a marzo que los trabajadores de la Salud deben cobrar tras el acuerdo paritario, puede llegar a ser capitalizado políticamente por el Frente para la Victoria (FpV) si prospera una propuesta surgida desde uno de los gremios del sector, que busca que en lugar de que se realice en dos cuotas -en julio y agosto, como ha confirmado el Gobierno provincial- se dejen de hacer los aportes patronales que el Ejecutivo paga habitualmente a la Nación, y se redireccionen esos montos a la efectivización completa de los aumentos.
La propuesta es del secretario general de ATSA, Juan Carlos Navarro, quien le acercó al Gobierno de Francisco Pérez la idea “de que no se pague la contribución patronal”, es decir, los aportes jubilatorios que cada mes recibe la Nación de parte del Gobierno mendocino en su condición de empleador, “y que ese dinero vaya al pago de la retroactividad a marzo”. Y si bien en el Gobierno no han dado respuesta aún, fuentes oficiales aseguraron que “la van a estudiar”.
Específicamente, la intención de Navarro es que “se apele a lo mejor de las relaciones con la Nación” para avanzar en esta alternativa de pago que terminaría beneficiando a los trabajadores, quienes en lugar de cobrar de forma diferida y en cuotas el aumento que les corresponde desde marzo, percibirían todo el monto junto.
“Se hablaría con los legisladores nacionales para que intercedan ante la Nación”, agregó Navarro al respecto, conocedor de las dificultades que Pérez tiene con la Administración de Cristina Fernández, para salvar esa circunstancia, pero pensando además que de ese modo, el FpV podría capitalizar políticamente el logro.
Tarea difícil
El acuerdo al que llegó el Gobierno con ATE y Ampros, entre otros puntos, implicó un incremento del 35% con retroactividad a marzo, corolario de una propuesta que en su tiempo fue difundida por el Ejecutivo como "la mejor oferta del país".
Sin embargo, son conocidas las dificultades financieras por las que atraviesa Mendoza y por eso, al momento de firmar el acta con los sindicalistas, el paritario Andrés Cazabán entró en un tire y afloje sobre cómo efectivizar el pago de la retroactividad, que implica “unos $120 millones mensuales”, según informó el propio Gobierno.
“Nosotros propusimos dos cuotas de julio y agosto y ellos hablaban de junio y mayo”, explicó Cazabán, en tanto Raquel Blas de ATE, indicó que los gremios pidieron que se pagara “en mayo”, más allá de que entre los empleados “hay opiniones divididas”, porque a aquellos que pagan impuesto a las Ganancias el impacto de ese tributo, cobrando todo junto “sería muy grande”.
De todos modos, y a pesar de esas opiniones divididas, “el Gobierno debe hacer efectivo el incremento y el retroactivo en mayo”, completó Blas, atendiendo que así quedó estipulado.
El Gobierno ya avisó que el pago de esa parte del aumento se hará en dos cuotas, “en julio y en agosto”, tal como el propio Cazabán confirmó, tras recibir con sorpresa la propuesta de Navarro.
Incluso entendió que “es difícil que se pueda dar porque implicaría hacer una maniobra ilegal”, ya que se dejaría de pagar el aporte patronal para los servicios previsionales (jubilación) a la Nación, con el fin de encontrar fondos para esto. Además, no toda esa parte va a la Nación, porque otro de los aportes se direcciona a la OSEP.
Pero otras voces del Gobierno, en estricto “off the récord” aseguraron que “se va a estudiar la propuesta”.
En campaña
Según Navarro, para concretar esta maniobra, será necesario avanzar en un nuevo acuerdo con la Nación, el cual deberán encarar los legisladores nacionales, entre los que se encuentra el también ahora candidato a gobernador del PJ, Adolfo Bermejo.
Hace exactamente una semana, los gremios peronistas de Mendoza (tras encolumnarse en la interna con Matías Roby) mostraron un contundente apoyo a la fórmula que encabezan Bermejo-Martínez Palau. Entre esos sindicatos estaba ATSA.
El radicalismo no quiere ilegalidades
Sabido es que todo acuerdo en el marco de las paritarias, dadas sus implicancias financieras, debe ser refrendado oportunamente en la Legislatura provincial.
Pues bien, el 35% de incremento salarial para los trabajadores públicos no ha sido bien recibido por la oposición radical, principalmente porque desde su visión “es un acto de irresponsabilidad ante la dura situación financiera” que atraviesa la provincia.
“Otorgar ese incremento cuando los recursos crecen al 21% es una torpeza”, señaló Kerchner, que además se mostró preocupado por los ingresos a planta que implicó el acuerdo paritario con ATE y Ampros. “Es una falta de respeto a los sindicatos mismos, porque allí hay funcionarios políticos que quedarán en planta cuando ellos tanto abogan por la existencia de concursos y por la necesidad de carrera”.
Sobre este punto específico, el legislador informó que su bloque “ha enviado cartas documento al gobernador para que se abstenga de avanzar en este punto porque estaría violando la Ley”, y si bien no pudo dar respuestas sobre cómo actuará la UCR al momento de refrendar el acuerdo paritario, aseguró que “nada que esté en contra de la ley será aceptado”.
Y consideró que “en realidad todo lo que persigue el Justicialismo es llegar a hacer una buena elección el 21 de junio”.
