El per saltum ya es ley y el Gobierno le pone presión a la Corte

El kirchnerismo impuso en Diputados la norma que reglamenta el salto de instancia judicial. La sanción se enmarca en la estrategia oficial por la Ley de Medios.

El per saltum ya es ley y el Gobierno le pone presión a la Corte
El per saltum ya es ley y el Gobierno le pone presión a la Corte

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que reglamenta el instituto jurídico del "per saltum" o salto de instancia, por el cual cualquiera de las partes de un litigio podrá pedirle a la Suprema Corte que reclame a un juzgado federal de primera instancia un expediente para resolverlo, pasando por alto las instancias intermedias. Por 135 votos contra 95, el Gobierno logró en sólo un mes aprobar la norma presentada por los senadores K. La misma se enmarca en la pelea con el Grupo Clarín por la aplicación de dos artículos clave de la Ley de Medios que están suspendidos por una medida cautelar que expira el 7 de diciembre.

Una vez que la presidenta Cristina Kirchner promulgue la ley, el Ejecutivo quedará habilitado para ir al Máximo Tribunal cuando lo considere necesario. Los escenarios serían dos: si un juez de primera instancia resuelve que los artículos suspendidos de la Ley de Medios son inconstitucionales o si la Cámara Federal de Apelaciones porteña admite una ampliación de la cautelar solicitada por Clarín.

Blanqueo oficialista

Por el kirchnerismo, Diana Conti blanqueó de entrada que la jugada es política. "La Corte es la cabeza de uno de los poderes del Estado y por lo tanto cogobierna. Le pedimos que decida políticamente en defensa de la democracia".

El jefe del bloque K, Agustín Rossi, sostuvo que el per saltum le da un instrumento a la Corte "para saltar los artilugios procesales que por 8 o 10 años le permiten a un poder económico impedir que se aplique completamente una ley sancionada por este Congreso".

La ley sancionada ayer establece que es la Corte la que definirá si acepta o no un per saltum y sólo será aplicado para aquellos casos en que exista una "gravedad institucional" marcada.

Además, fija que sólo podrán ser susceptibles del salto de instancia "las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares". No es aplicable en materia penal.

Sospechas opositoras

El cordobés Mario Negri fue miembro informante de la UCR y sostuvo que el per saltum es una "embestida contra el Poder Judicial" para resolver un "problema de poder" relacionado a la Ley de Medios. "Nosotros venimos en defensa real de la pluralidad de voces, en contra de la sustitución de monopolios y convencidos de que el proyecto del Gobierno lo que hizo fue construir un modelo que contiene pluralidad de dueños y una única voz".

En tanto, el juecista Ernesto Martínez (miembro informante del FAP) fue más lejos. "Esta ley es el golpe de gracia al Grupo Clarín, seguramente. El Gobierno debe contar con los votos de la Corte sólo que el presidente de la Corte (Ricardo Lorenzetti) les debe haber pedido cobertura institucional y por eso esta reglamentación del per saltum", afirmó y dijo que los jueces Petracchi, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Fayt y Lorenzatti "seguramente votarán" a favor del Gobierno. "¿A quién se le puede hacer creer que la gravedad institucional será un manto protector de las garantías de todos los argentinos?", dijo.

El voto de los mendocinos

La nota en el oficialismo la volvió a dar el riojano Jorge Yoma, presidente de la comisión de Justicia, quien firmó un dictamen con apoyo del peronismo disidente. "No podemos ser una escribanía del Senado porque el proyecto tiene muchos inconvenientes", lanzó y recordó que cada vez que la Corte aceptó el per saltum "se usó para favorecer al poder administrador -el Gobierno- y no para tutelar los intereses de los ciudadanos de a pie".

En esta ocasión, ningún bloque opositor apoyó al Gobierno nacional. Por eso el oficialismo debió arreglárselas para juntar los 129 legisladores necesarios para tener quórum y poder iniciar la sesión.

Los diez diputados mendocinos estuvieron presentes. Los seis enrolados en la oposición (los radicales Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín, el peronista disidente Enrique Thomas y los demócratas Roberto Pradines y Omar De Marchi) votaron en contra y los cuatro kirchneristas (Dante González, Anabel Fernández Sagasti, Omar Félix y Guillermo Carmona) lo hicieron a favor.

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