Por Néstor Sampirisi - nsampirisi@losandes.com.ar
La noche del viernes 26 de agosto el médico Lino Villar Cataldo (61) salía en su auto del consultorio en el que atiende en Loma Hermosa (Buenos Aires). De pronto apareció Ricardo Krabler (24) e intentó robarle el vehículo con un arma en la mano. Aunque las circunstancias del hecho son confusas, lo cierto es que el médico empuñó un arma y disparó. Krabler recibió tres balazos y murió en el lugar. Villar Cataldo fue detenido, imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y, unos días después, excarcelado por el juez que instruye la causa.
Marcelo Vidal (48) era un ex policía al que productores y comerciantes de Tupungato contrataban para que prestara servicios de seguridad en la zona. La madrugada del miércoles 14 de setiembre vigilaba una estación de servicio cuando Franco Galdame (22) y otro joven entraron a robar al minimercado. Vidal los enfrentó a balazos dentro del mismo local y el asaltante cayó muerto con seis disparos. Como consecuencia, cinco horas después el ex policía se descompensó y murió de un infarto en el hospital Scaravelli, de Tunuyán.
Como cada día, ese mismo miércoles 14, Daniel Oyarzún (37) atendía su carnicería en Zárate (Buenos Aires). Cerca del mediodía dos motochorros armados entraron al local, apuntaron a la cajera y se llevaron la recaudación de la mañana. Para escapar hicieron un disparo de advertencia y se subieron a la moto. Oyarzún los persiguió en un Peugeot 306 hasta que, aunque le dispararon al menos seis veces, los alcanzó y atropelló. Brian González (24) quedó aplastado contra el poste del semáforo mientras algunos vecinos del lugar lo insultaban y golpeaban. El joven murió horas más tarde en un hospital. El carnicero fue acusado de homicidio simple y estuvo detenido un par de días hasta que lo liberaron después de varias manifestaciones en su apoyo.
Tres casos recientes, tres casos distintos, pero con puntos de contacto que desataron el debate sobre la legítima defensa, la justicia por mano propia y víctimas que, de un momento a otro, se convierten en victimarios caminando por la delgada línea que divide a la autoprotección de la reacción exagerada.
Violencia que ha despertado opiniones desde disciplinas que van del derecho y la criminalística hasta la psicología. Violencia que, una vez más, pone en duda la manera en que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza y administra justicia. Al respecto, es interesante repasar el contrapunto entre la filósofa Diana Cohen Agrest y el sociólogo Roberto Gargarella publicado por el diario La Nación en la edición del martes 6 de setiembre.
En “La inversión entre la víctima y el victimario”, Cohen Agrest destaca:
- la legítima defensa es un medio necesario para establecer los derechos violados por el agresor.
- desde el punto de vista jurídico toda vez que se produce un delito es responsabilidad del Estado que, burlando el contrato social, desprotege al agredido.
- un sistema jurídico que eliminó el concepto de peligrosidad y ejerce un derecho que juzga el acto y no los antecedentes de quienes participan da lugar a este tipo de paradojas: la inversión entre la víctima y el victimario.
- la misma Justicia que pone todos los engranajes a funcionar para ver cómo hacen zafar a un delincuente ahora funciona en sentido inverso para ver cómo responsabiliza de asesinato a la víctima de un asalto.
Gargarella, por su parte, en “Mucho más que un juego de héroes y villanos” señala:
- la imagen de alguien que saliendo a robar termina siendo víctima de quien podría ser objeto de su delito representa una escena cada vez más común de nuestra tragedia moderna .
- resulta ridículo centrar la discusión en los “pseudoprogresistas” y “garantistas” que asumirían que todo delito, aun el más grave, está justificado por alguna cuestión de “vulnerabilidad social”.
- nadie puede sostener y nadie sensatamente sostiene que la pobreza justifica cualquier violencia.
- tampoco se justifica dispensar de su crimen a los eventuales “justicieros” por considerarlos “pobres víctimas” en razón de la situación de inseguridad en la que viven.
- quien hace justicia por mano propia se arroga una autoridad que no tiene y que no le corresponde.
- no corresponde justificar la “justicia por mano propia” a partir de la indebida ausencia del Estado en materia de seguridad, como no puede justificarse la delincuencia y el crimen a partir de la indebida ausencia del Estado en materia social.
Con ese telón de fondo ya hay quienes (entre ellos la gobernadora María Eugenia Vidal) proponen un derecho penal que se enfoque en los derechos de las víctimas de los delitos. Por eso busca modificar el Código Procesal Penal y la ley de ejecución penal de manera de asegurar a las víctimas un lugar en los procesos penales. “Decidir si la participación de la víctima en los juicios debe ser protagónica o si continuará siendo desplazada, la única invitada de piedra”, grafica Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Seguramente la discusión será ardua y repercutirá en todo el país.
Sobre todo en momentos en que la violencia parece ser cada vez más habitual como forma para resolver cualquier tipo de conflicto (familiar, social, etc.) y se muestra con particular crudeza en los hechos delictivos. Una estadística realizada por Los Andes muestra que en lo que va de setiembre se han producido en Mendoza doce homicidios, y aunque todavía no terminó el mes, ya hay tantos asesinatos como la media mensual del año: entre enero y agosto en toda la provincia mataron a 96 personas.
Los que saben aseguran que la única justicia se logra en Tribunales y que esa es la verdadera forma de conseguir la paz en una sociedad.
Jueces, fiscales y abogados deberían tomar nota, hay una demanda social insatisfecha seriamente dañada. No es salir a matar.
