El intendente de la ciudad fueguina de Río Grande, Gustavo Melella, está bajo investigación judicial por pedir favores sexuales a hombres indigentes a cambio de trabajo, confirmaron a fuentes judiciales vinculadas al caso.
Las denuncias incluyen el testimonio, como presuntas víctimas, de Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y de Damián Rivas, un carpintero de 48.
La causa también contiene la versión brindada a la justicia por otro albañil, de nombre "Mario", quien hace 20 días regresó a Formosa, su provincia natal, y la de Hugo Moya, ex custodio del intendente, quien corrobora algunos aspectos de las denuncias.
La causa judicial comenzó a fines de agosto pasado, cuando el abogado Francisco Giménez denunció ante el fiscal Guillermo Quadrini una posible defraudación en obras contratadas por el municipio. Y a partir de entonces se produjo una "manifiesta inacción judicial" respecto de los presuntos abusos.
"El juez (...) se guardó el expediente en su despacho durante más de un mes", afirmó.
En el caso de los abusos "no tomó ninguna medida" pese a que los denunciantes "presentaron como prueba los mensajes de audio del intendente para que sea peritados", afirmó Giménez.
"Hace diez días le volví a solicitar al juez que ordene pericias sobre los teléfonos, que secuestre el móvil de Melella, lo habitual en este tipo de casos", apuntó.
"Incluso pedí una orden de restricción de acercamiento del intendente respecto de las víctimas, que dicen haber sufrido amenazas en estos días. Y tampoco hizo absolutamente nada", insistió el abogado, aceptado como querellante en la causa.
Giménez opinó que "seguramente el comportamiento de la Justicia hubiese sido muy diferente" si las presuntas víctimas hubiesen sido mujeres y si el acusado no hubiese sido el intendente.