El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado (41) fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, luego de que el tribunal que lo juzgó durante el último mes, lo halló culpable de delitos por corrupción, en perjuicio de la comuna que dirigió por casi diez años.
Salgado podrá apelar la condena y mientras no exista un fallo definitivo en su contra, permanecerá en libertad.
Tras escuchar la sentencia, el santarrosino abandonó rápidamente la sala y ya en a la puerta de tribunales, se declaró un "perseguido político" y aseguró que lo condenaron "por ser peronista".
Además, visiblemente molesto y algo desencajado, culpó al Gobierno provincial por la sentencia en su contra: "Yo solo quería justicia pero finalmente hubo un llamado desde arriba para condenarme", dijo el santarrosino y completó: "A (Alfredo) Cornejo le pido que se ocupe mejor de los pobres, porque cada vez hay más".
Junto con Salgado resultó condenado parte del que fuera su gabinete. Así, recibió tres años de prisión en suspenso por el delito de concusión, el concejal peronista Marcial Ibarra (45) y por el mismo hecho, fue condenado a dos años en suspenso, el ex jefe de Acción Social, Flavio Araya (32); además, al ex jefe de Hacienda, Franco Ojeda (39), le dictaron tres años de prisión en suspenso por administración infiel.
En todos los casos, los ex funcionarios fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Finalmente y en la única absolución que incluyó la sentencia del tribunal, la ex secretaria privada de Salgado, Gisella Ruggeri (38), fue declarada inocente del delito de concusión, por el beneficio de la duda.
Las defensas de los condenados coincidió en que apelarán el fallo y al respecto, Carlos Moyano, uno de los dos abogados de Salgado sostuvo: "Vamos a ver los fundamentos caso por caso, para estudiar qué puntos son los que podemos rebatir".
Hay que recordar que Salgado fue condenado en este juicio por cuatro causas, todas relacionadas con delitos de corrupción, aunque todavía no ha sido elevada a juicio la principal acusación que pesa sobre el ex intendente santarrosino, y que tiene que ver con la emisión de cheques municipales sin fondos, una investigación que aún lleva adelante el fiscal Santiago Garay.
Así las cosas, Salgado y Ojeda fueron condenados por administración infiel, por la emisión de cheques para la compra trucha de combustible al lubricentro Tirasso, empresa que nunca fue proveedora de la comuna.
Salgado también fue encontrado culpable junto a Ibarra y Araya (Ruggeri resultó absuelta) por el delito de concusión en el manejo que la comuna hizo de la plata que generó la playa de estacionamiento de feria La Salada, entre setiembre de 2013 y febrero de 2016.
La tercer causa en la que Salgado fue hallado culpable es por malversación de caudales públicos, en un proyecto para construir una planta de destete con dinero que bajó desde el Iscamen.
Finalmente, el ex mandatario también fue condenado por desobediencia, al elegir no contestar pedidos de informes de la Fiscalía de Estado.
El fallo llegó pasadas las 15 y luego de un largo cuarto intermedio de casi tres horas, tiempo en el que los jueces Armando Martínez, Viviana Morici y Zaida Landini debatieron los alcances de la sentencia que iban a dictar.
En la previa a ese cuarto intermedio y apelando a la posibilidad de decir unas palabras antes del fallo, Salgado pidió que “se haga justicia y que no se me condene por peronista. Me acusan de chorro (sic), de haberme llevado plata, pero vivo en la misma casa donde nací. Habría que ver dónde viven hoy los otros 17 intendentes”, cerró.
Principio en el cambio de paradigma
El fiscal Sebastián Capizzi, que fue quien llevó adelante la acusación contra Salgado y su gabinete y se mostró satisfecho con el resultado.
"Logramos que el tribunal se convenza de los actos de corrupción que fueron gestados y concretados en la municipalidad de Santa Rosa, bajo el dominio conceptual y funcional del ex intendente Salgado", dijo y siguió: "Creo que es el principio del cambio de paradigma en cuanto a la impunidad de la corrupción, y marca un hito institucional en Mendoza".
A la salida de tribunales, Capizzi agregó: "Es tiempo que la justicia se imponga en estos delitos, que tanto daño generan en el desarrollo del pueblo. Por decisión de política criminal del Procurador de la Corte y por tratados internacionales a los que el país adhiere, tenemos obligación judicial de llevar estos casos hasta las últimas consecuencias. Esto implica investigar y perseguir penalmente a intendentes, pero también a ex gobernadores o ex ministros denunciados, cuyas causas se encuentran pendientes de resolución".
