El informe dado a conocer por la Oficina del Representante Comercial de los EEUU, ubicando a la feria de La Salada en la lista de “centros de contrabando y falsificación”, que denuncia así a los centros comerciales que afectan a la propiedad intelectual y al comercio justo, debe ser tenido en cuenta por las autoridades nacionales en razón que se trata de una de las cuestiones prioritarias en las relaciones comerciales con Washington. Más aún cuando, en su intención por impulsar ese emprendimiento, junto al del Mercado Central de Buenos Aires, sus directivos fueron invitados a participar por el inefable Guillermo Moreno de la delegación oficial que visitó Angola.
La Salada suele ser citada como uno de los mercados negros más grandes de América del Sur y aunque muchos de sus puesteros venden productos originales, “lo que campea allí es el contrabando y los productos truchos”, dice el informe, el que coincide con el realizado por la Unión Europea, que también la caracterizó como el mayor centro de contrabando de América Latina.
De acuerdo con una investigación realizada por el matutino porteño La Nación, la feria nació en 1991, cuando un centenar de inmigrantes bolivianos se instaló en Ingeniero Budge. Pero después fueron creciendo otros complejos en las adyacencias y, en total, la Salada alberga actualmente unos 40 mil puestos. Uno de esos complejos es el Punta Mogotes, administrado por Jorge Castillo, un hombre muy allegado a Guillermo Moreno, que comenzó siendo vendedor de zapatos hasta hacerse amo y señor del predio, conformado esencialmente por canastos metálicos con ruedas que se mueven de acuerdo con la necesidad.
Según se afirma, el dinero en efectivo que mueve el predio durante tres noches por semana supera los 200 millones de pesos por día, pero la realidad también marca que se trata de un excelente negocio inmobiliario, ya que alquilar un espacio de cuatro metros cuadrados cuesta entre 25 y 50 mil pesos cada seis meses y comprarlo, unos 100 mil dólares. “Así, el metro cuadrado en La Salada llega a ser más caro que Puerto Madero”, se indica, con un hecho no menos llamativo: la expansión del predio no se detiene porque la demanda de puestos es incesante, a pesar de los altos costos.
El mayor problema se centra en un negocio que se mueve al filo de la legalidad y, en ese sentido, los propios directivos de La Salada señalan que “eso es responsabilidad de cada comerciante; a cada puestero se le exige que sea monotributista. Si después no reparten boletas no es un problema nuestro”.
El negocio de La Salada se extendió a otras zonas del país. Intentó instalarse en Córdoba, pero las exigencias impuestas por el gobierno de esa provincia provocaron que la iniciativa fuera dejada de lado; finalmente se ubicó en Santiago del Estero y en Mendoza. En el caso particular de nuestra provincia, los integrantes de la Federación Económica plantearon la necesidad de que los puestos de la feria tengan las mismas exigencias que el resto del comercio provincial, a los efectos de mantener la igualdad de posibilidades en la venta de productos. Es así que la Agencia Tributaria Mendoza ha profundizado los controles a los efectos de exigir la emisión de facturas en cada una de las negociaciones.
La calificación dada a conocer por un organismo internacional sobre las actividades que se desarrollan en La Salada debe constituir un serio llamado de atención para las autoridades nacionales. Resulta inaceptable que, pese a que en tres oportunidades se había advertido sobre la situación, los directivos de la feria hayan sido invitados a integrar una delegación oficial con el consiguiente peligro que significa para el país que, por actitudes individuales de algún funcionario, se lleguen a recibir sanciones económicas que pueden afectar al comercio exterior argentino. Nadie está en contra de una actividad comercial que pueda beneficiar al grueso de la población, siempre y cuando se desarrollen dentro del marco de la ley.
