La saga del potasio de Río Colorado

Repasemos algunos antecedentes para ubicarnos mejor. La concesión de la explotación de la sales de potasio, cuya ubicación comparten Mendoza y Neuquén, fue otorgada hace varios años a la empresa minera Río Tinto, británica de origen español. Luego el proyecto fue transferido a Vale do Rio Doce SA o simplemente Vale, empresa de capitales privados brasileños, pero con participación del Estado en un porcentaje menor.

Más curioso aún, con domicilio en el Reino de los Países Bajos. Luego de largas negociaciones de la empresa con la Provincia de Mendoza, en julio de 2010 la Legislatura aprobó el convenio firmado entre las partes, en el que introdujo algunas modificaciones, que establecían las condiciones en que se realizaría la explotación.

Entre las obligaciones se impuso la de aportar un 1% de la facturación anual como aporte a la Provincia, que sumaba al 3% de regalías establecido en la ley nacional de Minería; esto implica un aumento del 33% en la regalías. Vale se comprometió a hacer un aporte inicial, extra, de 12 millones de dólares, de los cuales la mitad se destinaba al municipio de Malargüe a fin de realizar obras indispensables para albergar el notable incremento de la población que se iba a producir.

A estas exigencias se agregaron otras, producto de la presión de empresas y sindicatos y de la miopía económica de quienes nos gobiernan, oficialistas y opositores. Entre ellos el "compre mendocino" y que el 75% del personal debía ser local. En ese mismo momento funcionarios de la empresa dijeron que ambas condiciones eran de cumplimiento imposible, que comprarían donde les resultara más conveniente y que no había suficiente personal calificado para cubrir todos los puestos.

El proyecto consistía básicamente en tres partes: la mina propiamente dicha, localizada en el extremo sur de Malargüe; un tramo de vías férreas de 400 km, para unir la mina con el ferrocarril del Alto Valle que va a Bahía Blanca, y una ampliación del puerto de esta ciudad, desde donde saldría el mineral para Brasil y el resto del mundo.

En esa fecha, julio de 2010, funcionarios de Vale informaron que el costo total del proyecto sería de 4.200 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones se invertirían en Mendoza, y que la ocupación en la etapa de construcción podía llegar a las 6.000 personas. Es precisamente en el costo de la inversión donde la empresa sostiene que se ha producido el problema. Según Vale, a consecuencia de la inflación en dólares que existe en la Argentina, el costo del proyecto ascendería hoy a 11.000 millones de esa moneda, lo que lo torna inviable. Se especula también que la empresa tendría problemas de caída de ingresos por la baja del precio del mineral de hierro, rubro principal de la actividad de la minera.

Frente a esta situación, durante varios meses del año pasado Vale pidió auxilio al Gobierno nacional, especialmente un adelanto en la disposición del IVA y una modificación del tipo de cambio, eliminando las retenciones. Según el Gobierno nacional, esto implicaba un sacrificio fiscal de 3.000 millones de dólares y se negó a otorgarlo; en realidad, no otorgó nada.
Así, todo quedó supeditado a la reunión que se realizaría en febrero entre las presidentas de Argentina y Brasil, reunión frustrada primero por la muerte de Chávez y luego por la renuncia y sucesión papal. O sea, no se ha realizado, ni parece tener fecha.

¿Consecuencias? Vale primero suspendió las actividades en diciembre y luego por estos días anunció la paralización total del proyecto por tiempo indeterminado. Frente a ello, la reacción, tanto del gobierno nacional como del provincial, ha sido culpar de todo a la empresa brasileña e intentar obligar a que siga pagando los sueldos a todos los que participan en el proyecto, aunque el proyecto parece que ya no existe.