Finalmente, ayer la golpiza que cuatro rugbiers le dieron a un joven en la puerta de un boliche, hace 7 años y 7 meses, tuvo su capítulo final: víctima y victimarios firmaron un acuerdo -técnicamente "una solución del conflicto y reparación integral"- que incluyó disculpas y una suma cercana a los 450.000 pesos.
Ayer, el joven golpeado, Valentín Azpilcueta (25), volvió a estar frente a los presuntos agresores, es decir los cuatro integrantes de Marista Rugby Club -Nicolás Andía (26), Guillermo Villegas (26), Lucas Gabrielli (26) y Juan Brennan (25)- quienes el 2 de abril de 2008, a la salida del boliche Óptimo, en La Puntilla, le habrían dado una durísima golpiza.
Pero en esta ocasión, el encuentro fue pacífico porque en los días previos al acuerdo los jóvenes se reunieron y le ofrecieron sus disculpas. Estas mismas disculpas volvieron a ofrecerse ayer en la Sexta Cámara del Crimen, presidida por José Valerio, y fueron aceptadas por la víctima.
Este acuerdo se basa en una nueva norma que entró en vigencia en junio pasado -el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal- que habla de las formas en que puede extinguirse un delito. La novedad sostiene que una causa puede extinguirse "por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes (de cada provincia)".
Luego las partes firmaron el acuerdo por el cual Azpilcueta recibió 348.700 pesos actualizados, es decir unos 425.000 pesos. Este monto es el mismo que el joven reclamó cuando inició un juicio civil contra los deportistas.
Estos, por otra parte, pagaron la cifra acordada y evitaron ser juzgados por lesiones graves agravadas por la alevosía, delito que tiene penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.
Además sus antecedentes quedaron "limpios", ya que este novedoso tipo de acuerdo, establece la extinción del delito a través de la "conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes (en este caso, las de Mendoza)".
El fiscal de Cámara Fernando Guzzo criticó la lentitud judicial, sobre todo de la Corte provincial, ya que estas "demoras" desvirtuaron por completo el sentido de justicia para un caso que comenzó hace 7 años y 7 meses.
