El Senado brasileño aprobó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, poniendo fin a un enfrentamiento de un año que paralizó a la economía más poderosa de América Latina y puso al descubierto profundas brechas en la población en todos los ámbitos, desde las relaciones raciales hasta el gasto social.
La decisión fue por 61 votos contra 20.
Sin embargo, la Cámara alta optó por mantener los derechos de Rousseff para ocupar cargos públicos, en una decisión inesperada.
La ya ex jefa de Estado podrá, por tanto, ser candidata para cualquier puesto de elección popular. No estará habilitada, no obstante, para aspirar a la presidencia en 2018, cuando su sucesor Michel Temer complete el período, porque ya tuvo dos mandatos consecutivos.
La decisión del Senado fue una sorpresa porque el único precedente que existía hacía presumir lo contrario. El ex presidente Fernando Collor de Mello fue destituido en 1992 e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 8 años, aunque en 1994 su proceso por corrupción fue "archivado" por el Supremo Tribunal Federal.
Aunque la destitución de Rousseff era algo esperado, la medida fue un capítulo crucial en una colosal pugna política que está lejos de concluir. Rousseff fue la primera mujer en ejercer la presidencia de Brasil, con una carrera histórica que incluyó ser parte de la lucha guerrillera en los años ’70 y ser encarcelada y torturada por la dictadura.
El año pasado, fue acusada de utilizar medios ilegales para ocultar déficits en el presupuesto federal, y argumentan que ello exacerbó la recesión, la inflación y los despidos.
Rousseff rechazó las acusaciones una y otra vez. Recordó que presidentes anteriores usaron esas mismas prácticas de contabilidad y denunció que la iniciativa para destituirla no era menos que un golpe de Estado disfrazado protagonizado por las élites adineradas molestas con las políticas populares que ella y su Partido de los Trabajadores han implementado en los últimos 13 años.
Como telón de fondo durante toda la crisis estaba la amplia investigación sobre sobornos multimillonarios en la petrolera estatal Petrobras. Debido a esas averiguaciones han ido a parar a la cárcel decenas de empresarios y políticos de todas las tendencias, y muchos de los legisladores que votaron contra Rousseff están envueltos en el escándalo.
Rousseff argumentó que muchos de sus adversarios querían sacarla de la presidencia para salvarse políticamente al interferir con la investigación de Petrobras, algo que ella se había negado a hacer.
Pero lo cierto es que muchos brasileños la consideraban responsable de la corrupción aun cuando ella no se vio directamente implicada. Argumentaban que no había forma de que ella no supiera lo que estaba pasando, ya que muchas de las prácticas irregulares ocurrieron cuando su partido estaba en el poder.
La destitución de Rousseff abre muchas interrogantes. Michel Temer, quien fue su vicepresidente y luego su acérrimo enemigo, tendrá que terminar el mandato de la presidenta, que concluye en el 2018. Pero los brasileños ya han visto a Temer actuar como presidente interino, y no les agrada para nada.
Los aliados de Rousseff han prometido apelar la decisión ante la Corte Suprema. Aunque recursos judiciales anteriores no lograron frenar el proceso de impugnación, las batallas legales mantendrán el tema en el candelero.
Dilma anunció "enérgica oposición a los golpistas"
La ahora ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff anunció la más “enérgica, determinada y firme oposición a los golpistas”, en referencia al nuevo presidente Michel Temer, quien venía ocupando el cargo en forma interina.
“Es el segundo golpe de Estado que enfrento en la vida. Primero fue el militar (1964), que me afectó cuando era una joven militante; el segundo fue el parlamentario, que me derriba del cargo para el que fui elegida”, afirmó en su primer pronunciamiento tras la destitución, ante decenas de partidarios.
“Hoy el Senado tomó una decisión que entra a la historia de las grandes injusticias: escogieron rasgar la Constitución; decidieron interrumpir el mandato de una presidente que no cometió ningún crimen; condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentario”, denunció en un enérgico discurso, en el que también afirmó: “No digo adiós, digo hasta pronto”.
Acompañada por decenas de correligionarios y seguidores en el Palacio de la Alvorada, donde se atrincheró desde que fue separada provisionalmente del cargo, el 12 de mayo, advirtió que el Partido de los Trabajadores (PT) volverá al poder “para culminar el proyecto de lucha contra la desigualdad social que desarrolló con éxito en los últimos trece años”.
“No desistan de la lucha. Escuchen bien: piensan que nos vencieron pero están engañados. Sé que todos vamos a luchar. Habrá la más determinada, firme y enérgica oposición que un golpista puede sufrir”, afirmó, a veces con lágrimas en los ojos.
A poco de conocida la decisión del Senado, los retratos oficiales de Rousseff con la banda presidencial comenzaron a ser retirados de los despachos del palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño. Varios medios locales mostraron imágenes de los cuadros con la efigie de Rousseff amontonados en un rincón de un despacho del palacio presidencial. Los retratos habían sido mantenidos a pesar de que el 12 de mayo pasado Rousseff fue suspendida de sus funciones y sustituida de forma interina por Temer.
El Planalto también se apuró para modificar su página web e incluir a Rousseff en la galería de ex presidentes y pasar su foto a blanco y negro.
La ex presidenta no perdió sus derechos políticos, ya que la votación para inhabilitarla por 8 años no alcanzó el mínimo necesario (54), y sólo llegó a 42, pero el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, dijo que su agrupación y el derechista Demócratas (DEM) van a recurrir esa decisión. AP
