La presidenta brasileña Dilma Rousseff tildó ayer de “traidor” a su vicepresidente Michel Temer y lo acusó de apoyar, para poder reemplazarla, el juicio de destitución que la oposición impulsa en el Congreso.
Fue su reacción, casi visceral, ante un audio del compañero de fórmula en el que éste declara sus “propuestas” como futuro presidente para cuando “echen” a la jefa de Estado. Dilma habló en un encuentro con políticos, estudiantes y educadores en el Palacio del Planalto.
En el audio, divulgado el lunes, Temer habló como si ya hubiera asumido la presidencia. Para Rousseff, la difusión fue “una acción premeditada; una farsa y una traición”. Sostuvo: “Vivimos tiempos extraños y preocupantes. De golpe y de farsa”. Añadió: “El gesto (de Temer) que revela traición contra mí y la democracia, deja también explícito que ese jefe de la conspiración no tiene ningún compromiso con el pueblo”.
“Vivimos tiempos extraños y preocupantes. Tiempos de golpe de Estado, de farsa y de traición”, remachó Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), acusando a Temer de ser “uno de los jefes de la conspiración”.
“Ayer quedó claro que existen dos jefes del golpe, que actúan en conjunto y de forma premeditada”, dijo la jefa de Estado, apuntando sus dardos igualmente contra el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, que promueve activamente su destitución.
En el audio, que según Temer fue divulgado de forma involuntaria, se oye al dirigente del partido centrista PMDB llamar a “un gobierno de unidad nacional” para “pacificar” al país y sacarlo de la recesión. El discurso es pronunciado como si la cámara de Diputados ya hubiera aprobado la moción para remover a Rousseff, que en caso de efectivizarse, deberá ser evaluada por el Senado.
También anuncia un tiempo de “sacrificios”, aunque promete respetar las “conquistas sociales” obtenidas bajo los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de la actual mandataria.
Rousseff, de 68 años, denuncia una tentativa de “golpe de estado” en el procedimiento de juicio político, presentado por la oposición por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014, el año de su reelección, y en 2015.
Votación crucial
La oposición festejó el lunes ruidosamente la aprobación, por 38 votos a favor y 27 en contra, de la recomendación de abrir un juicio político a la mandataria.
Pero el gobierno está decidido a bloquear el proceso en la cámara de Diputados, donde el pedido de impeachment debería obtener un apoyo de dos tercios de las bancas (342 de un total de 513).
Esa crucial votación debería realizarse el domingo o el lunes, en un país con los ánimos caldeados a apenas cuatro meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se suponía coronarían un ciclo virtuoso de inserción global de la mayor potencia latinoamericana.
En caso de que las dos Cámaras voten a favor del juicio político, Rousseff sería apartada de su cargo hasta que el Senado dé su fallo definitivo, en un plazo máximo de 180 días. Y Temer la reemplazaría, esperando completar su mandato, hasta fines de 2018.
Cómo sería el juicio político a Dilma
¿DE QUÉ SE ACUSA A LA PRESIDENTA ROUSSEFF?
Rousseff está acusada de violar las leyes fiscales brasileñas al trasladar fondos oficiales a fines distintos de los asignados antes de su campaña de reelección de 2014.
Los partidos opositores dicen que las maniobras contables le permitieron elevar el gasto público para obtener votos. Dilma Rousseff niega haber cometido delito alguno y asegura que no hizo nada que no hicieran gobiernos anteriores. Además, sostiene que no se la acusa de un delito, lo cual debería ser la base de un juicio político.
¿CUÁL ES EL PRIMER PASO DE UN JUICIO POLÍTICO?
Una comisión especial de la Cámara de Diputados de 65 miembros decidirá si el pedido de juicio político tiene mérito legal. Con el trasfondo de los escándalos de corrupción, observadores consultados señalan que 37 miembros del panel enfrentan cargos por una amplia gama de presuntos delitos.
Se prevé que la comisión especial, que incluye a muchos opositores, resolverá plantear el juicio político ante la cámara en pleno hacia mediados de abril.
¿CUÁL ES EL PASO SIGUIENTE TRAS LA APROBACIÓN?
Que la Cámara de Diputados empiece el debate sobre el juicio. Si al menos 342, es decir dos tercios de los 513 legisladores de la Cámara votan a favor del juicio político, el caso pasará al Senado.
Si una mayoría simple vota a favor del juicio, Rousseff quedará suspendida y el vicepresidente Michel Temer será presidente interino. Si entonces 54 de los 81 senadores votan por impugnar a Rousseff, ésta será destituida y Temer cumplirá el resto de su período, que finaliza el 31 de diciembre de 2018.
POSICIÓN DE OFICIALISTAS Y OPOSITORES AL GOBIERNO
Los partidarios de la presidenta dicen que es un golpe de Estado porque Rousseff no está acusada de delito alguno.
Dicen que la clase dominante tradicional está aterrada por la movilización social desatada por el Partido de los Trabajadores, o PT, que lleva más de 10 años en el poder, y quiere aprovechar la oportunidad para recuperar el gobierno.
Los opositores dicen que el movimiento de fondos fue ilegal al tiempo que intentó ocultar los problemas que padecía la economía más grande de Latinoamérica, tales como enormes déficits presupuestarios que afloraron el año pasado. Rechazan la acusación de golpismo porque el juicio político está contemplado por la Constitución brasileña.
¿QUIEN IMPULSA EL JUICIO POLÍTICO EN EL CONGRESO?
A la cabeza está el mayor opositor de Rousseff, el presidente de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusado de aceptar sobornos en el escándalo Petrobras, algo que él niega.
Pero legisladores de una decena de partidos, desde el centrista Partido Socialdemócrata hasta el derechista Demócrata, apoyan el juicio político.
¿QUÉ TIENE QUE VER EL EX PRESIDENTE LULA?
Rousseff pidió a Luiz Inacio Lula da Silva, su antecesor y mentor, que utilice sus habilidades como negociador para ayudarla a evitar el juicio político.
Designó a Lula su jefe de Gabinete, que fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia del país. Los partidarios dicen que el nombramiento la ayudará a estabilizar una situación difícil.
Los detractores dicen que es un intento flagrante de impedir el procesamiento de Lula, quien a principios de marzo fue detenido e interrogado por la policía en relación con Petrobras. Los miembros del Gabinete sólo pueden ser investigados o juzgados por la Corte Suprema. Lula no ha sido acusado y niega haber cometido delito alguno. Fuente: AP
