El megajuicio que acaba de concluir en Mendoza, después de 3 años y medio y de 216 sesiones, fue también llamado “el juicio de los jueces”.
Se lo denominó así porque en entre los 28 acusados, había cuatro ex jueces federales, ahora todos condenados a cadena perpetua: Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren y Otilio Roque Romano.
Con ellos también estaba Gabriel Guzzo, que falleció el 12 de mayo de 2014, a casi 3 meses de iniciado el juicio, por lo que las causas en su contra fueron archivadas.
Guzzo, al igual que Miret y Petra Recabarren, juraron como camaristas federales el 17 de junio de 1976, a dos meses y medio de iniciada la última dictadura cívico-militar.
Carrizo ya era juez en ese tiempo mientras que Romano se desempeñaba como fiscal federal (lo hizo desde 1975 hasta 1983).
Miret y Romano son sin dudas los más conocidos.
Miret tiene hoy 79 años. Ingresó a la Justicia Federal de San Luis en 1956 (como oficial de juzgado). Luego fue defensor de pobres y ausentes en la Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza. En 1984, el Senado le confirmó el cargo de camarista que juró en tiempos de dictadura. Más tarde ingresó a la Cámara Federal de Apelaciones.
El 14 de setiembre de 2010 (dos días después de cumplir 72 años), renunció a su cargo para “hacer efectiva” su jubilación. Pero esa renuncia no fue aceptada.
Pero a esa altura ya estaba imputado por la Justicia Federal, que lo acusaba de no haber promovido la investigación de delitos en tiempos de la dictadura.
Y el Consejo de la Magistratura ya lo investigaba a partir de la denuncia que en diciembre de 2009 le habían hecho abogados de Derechos Humanos. Finalmente, el Consejo decidió destituirlo como juez y así anular su derecho a percibir una jubilación como tal.
El caso de Romano fue más resonante aún. El ex juez, hoy de 72 años, se transformó en camarista en 1983. Y durante más de dos décadas estuvo al frente de la Cámara de Apelaciones Federales de Mendoza.
Sus detractores llegaron a decir que él comandaba la “familia judicial federal”. Lo hicieron sobre todo cuando, en octubre de 2010, esa Cámara desplazó al juez Bento de la causa contra él y Miret.
En esos días, Romano envió una carta a Los Andes cuestionando duramente a sus denunciantes. "Tamaña acusación fue presentada luego de más de 30 años contra personas que jamás tuvieron un reproche de tal gravedad y semejante naturaleza", escribió entre otros párrafos.
Dos meses después, presentó su renuncia a la Cámara, que nunca fue aceptada por el Gobierno nacional. Y ocho meses más tarde, en agosto de 2011, huyó a Chile, donde pidió asilo por considerarse un “perseguido político” argentino.
Antes de terminar ese 2011, el Consejo de la Magistratura lo destituyó, como a Miret. Y tampoco tuvo suerte en Chile: en febrero de 2012 fue apresado.
El proceso de extradición duró más de un año y medio. La noche del 4 de setiembre de 2013, el ex juez volvió a Mendoza detenido. Casi cuatro años después, ya sabe que esa será la condición que tendrán él y los otros acusados por el resto de sus vidas.
