En la Legislatura provincial quedará escrita una nueva página, el martes, cuando el Senado reúna los votos necesarios para hacer lugar a un pedido de la Justicia para quitarle los fueros a Marcelo Romano (Protectora). Luego de que la misma Cámara desaforara a la peronista Beatriz Pedernera en 2007, por pedido del entonces fiscal de Delitos Complejos Eduardo Martearena, quien la investigaba por fraude al Estado, el mismo cuerpo deberá votar ahora la situación de Romano. Sin embargo, el senador no será destituido ni suspendido, con lo cual seguirá en su banca mientras avanza la investigación.
A Pedernera, aquella vez finalmente la condenaron por haber cobrado viáticos y pasajes que nunca utilizó. Pero en la Legislatura, la ex senadora votó su propio desafuero. El senador de Protectora, en cambio, está bastante lejos de aceptar este procedimiento que ha solicitado la fiscal Gabriela García Cobos, quien lo imputó de atentado contra la autoridad, agravado en este caso por su situación de legislador. Para Romano, esta causa es una "persecución política" por parte del oficialismo.
El domingo 11 de agosto de 2019, mientras transcurrían las elecciones PASO en Mendoza, el senador protagonizó un escándalo en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz, porque la Policía había detenido a su hija, quien conducía un Renault Clio. El legislador les habría dicho a los efectivos: "Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto". El delito por el que se lo investiga establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
De hecho, el propio Romano ha cuestionado el hecho por el que se lo acusa, aduciendo que es una contravención y no un delito. Y ese es uno de los puntos que hay en común con el caso Pedernera y de vital importancia para comprender el procedimiento.
El artículo 167 de la Constitución provincial indica que cuando se produce una acusación por delitos comunes contra un miembro de la Legislatura o contra cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político ante la Legislatura o ante el Jury de Enjuiciamiento, y existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado.
Y para allanar esa inmunidad, se debe contar con la mitad más uno de los miembros que componen la cámara respectiva, en este caso la Cámara de Senadores en donde Cambia Mendoza tiene los 20 votos para aprobar el desafuero en la sesión semipresencial que se llevará a cabo el próximo martes.
El caso ha generado repercusiones de todo tipo. El peronismo asegura que es una "maniobra política" y adelantó que no acompañará la quita de fueros. Y el propio José Luis Ramón, diputado nacional y líder de Protectora en Mendoza, ha iniciado un contraataque contra Cambia Mendoza aduciendo que el posible desafuero de Romano se debe a que el senador denunció "la connivencia en la licitación de Portezuelo del Viento", que terminó "con la renuncia de uno de los funcionarios que estaba a cargo de la licitación". Como parte de esa ofensiva, Ramón acusó esta semana en el mismo Congreso de la Nación al ex gobernador Alfredo Cornejo, que también es diputado nacional.
El argumento oficialista
El pedido de la Justicia contra Romano es por el desafuero y el hecho de que no pierda su banca, que pueda votar y participar de las comisiones, ni deje de percibir haberes es uno de los argumentos del oficialismo para defender sus votos a favor. "En este caso, no nos ponemos a juzgar porque no entramos en la causa, no hacemos una valoración, no somos jueces, sólo aceptamos ese pedido para correrle el privilegio de los fueros, y él sigue su proceso en la justicia penal.
Lo vamos a ver los martes en las sesiones, sería la venganza más tonta porque sigue estando en el Senado", aclaró Mercedes Rus, senadora radical y también abogada.
Y citó el artículo 16 del Código Procesal Penal que indica el procedimiento contra un legislador, estableciendo que "cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un legislador, el fiscal de instrucción interviniente, practicará todos los actos de carácter probatorio, conservativo, y podrá tomarle declaración, a su pedido, sin requerir el desafuero. Si existiera mérito para proseguir la causa, solicitará el desafuero a la cámara legislativa que corresponda, acompañando una copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen".
“Se llevan al terreno penal temas de la política”
Alejandro Pérez Hualde, ex ministro de la Suprema Corte de la provincia y reconocido constitucionalista, cuestiona la necesidad legal del desafuero de Romano: "Si se mira el artículo 167 (de la Constitución), dice que tiene que tener mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, que en esta causa en la que estamos hablando probablemente no la habría jamás porque la pena no excede de los 3 años. No se cumplen los elementos necesarios para un caso tan grave, como es el de un senador, de dejarlo sin fueros".
"Lo interesante es que se trata de un incidente ya sea penal o de faltas, que se produce en un momento de competencia electoral entre este señor (Romano) y el que era en ese momento gobernador y candidato a diputado nacional (Cornejo). Eso una primera cosa que nos aconseja tener máxima prudencia", opina Pérez Hualde.
Para el ex ministro de la Corte, “cuando uno aprovecha esas mayorías coyunturales para una cosa así tan dudosa, que no reconoce antecedentes, es muy inconveniente cuando existen antecedentes de confrontación política tan recientes que involucran en lo personal a las autoridades actuales”.
Pérez Hualde advierte que con este proceso se están "llevando al terreno penal temas de la política". Y en esa línea expresa que "sería un error abrir este tipo de juegos. Cuando uno tiene una mayoría coyuntural se quiere hacer abuso de ellas, tenemos malas experiencias en eso. Todo lo que se hace, después lo hacen los otros".
De origen radical y enfrentado ahora a todo Cambia Mendoza
Marcelo Romano inició su carrera política en el radicalismo en el Valle de Uco, tuvo intenciones de ser intendente de San Carlos y siempre hizo pública su defensa de la ley antiminera 7722 y, en los últimos días, su lucha contra Portezuelo del Viento.
Ex pareja de la vicegobernadora Laura Montero, coqueteó con ser Superintendente de Irrigación pero perdió la pulseada con Sergio Marinelli, el elegido por el entonces gobernador Alfredo Cornejo en 2016.
Desde hace tiempo sus dardos contra el oficialismo, pero especialmente contra Cornejo, le han dado cierto protagonismo. Incluso, Romano asegura que la causa por la que puede perder los fueros está orquestada por el ex mandatario provincial, algo que desde el cornejismo desmienten tajantemente:
"Los hechos son contundentes: cometió un delito y está siendo juzgado por eso. La opinión de que el gobierno le armo la causa es mentira", aseveró un allegado al actual diputado nacional.
El jueves, la senadora radical Natacha Eisenchlas, quien responde políticamente al gobernador Rodolfo Suárez, difundió una carta en la que le pide expresamente a Romano que renuncie a sus fueros: "Sería un gran, un enorme ejemplo", le dice, y agrega: "No es ningún político quien lo ha solicitado. Es una integrante del Poder Judicial que desde el año pasado está intentando investigar una denuncia efectuada por dos policías, un hombre y una mujer, que tampoco tienen ninguna vinculación política".
En otro tramo señala Eisenchlas: "Usted también sabe que con el desafuero no dejará de ser senador ni va a dejar de cobrar su sueldo. El único efecto que tendría es permitirle a la Justicia realizar su labor".
Y completa: "Usted dice que es inocente, y no tengo por qué dudar de su palabra. Entonces no tiene nada que temer, tiene la gran oportunidad de probarlo".
El pedido de desafuero de la fiscal García Cobos ingresó a la Legislatura en noviembre del 2019. El oficialismo asegura que no lo trató en ese momento porque pocos días después ingresó la reforma de la Ley 7722 y se desataron los hechos conocidos.
Luego llegó el receso, el tratamiento dilatado del Presupuesto y la aclaración de que nada tiene que ver la votación de este martes con los cuestionamientos de Romano al pliego de Portezuelo. Cabe recordar que en diciembre, también del año pasado, el Ejecutivo cesanteó a Romano de un cargo de planta reservado que tenía en el Estado provincial, por "no regresar a cumplir funciones ni renunciar en tiempo y forma".
Según consta en el decreto 2880, del 3 de diciembre, el senador, que tiene además otro cargo de planta reservado en el Congreso de la Nación, "no habría justificado sus inasistencias entre los años 2015 y 2018, período en el cual no se reincorporó a su empleo en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía ni justificó sus inasistencias, con lo cual, no habría dado cumplimiento a su deber de prestación personal del servicio".
