El 5 de setiembre de 2013 fue un día casi histórico para aquellos que venían dando la pelea para que el ex camarista federal, Otilio Romano, quedara preso en una cárcel común. El ex magistrado, acusado por delitos de lesa humanidad, fue extraditado desde Chile hace un año y desde entonces, cumple sus días en el penal de San Felipe. Pero la intención de los abogados defensores es que el detenido logre la prisión domiciliaria, hecho que tomó estado público esta semana a partir de los trámites que apuntan a esta dirección.
Con este marco de fondo, el miércoles Romano tuvo que ser internado en el Hospital Central a raíz de un cuadro de “dolor toráxico y cefalea”, hecho que terminó por disparar las lecturas de aquellos que sostienen que se trata de una estrategia para lograr el beneficio tramitado. Ayer se rumoreaba que hoy podría recibir el alta y abandonar el cuarto piso del hospital.
En efecto, cabe recordar que Romano está detenido y acusado de ser “partícipe primario” en 103 casos de violaciones a los derechos humanos durante el último régimen militar (1976-1983), cuando se desempeñó como fiscal federal de Mendoza. Se le atribuye haber “omitido” la investigación en esos casos de hace más de tres décadas, hecho que le valió la destitución como camarista en 2011. El Jury de Enjuiciamiento consideró que le faltaban “condiciones morales”.
Pero el 24 de agosto de 2011, un día antes de quedar fuera de sus funciones, Romano huyó a Chile en busca de asilo político, algo que nunca logró. La larga travesía terminó hace un año, cuando fue extraditado de aquel lugar y puesto en cárcel común junto a otros detenidos y acusados por delitos de lesa humanidad.
Allí se iniciaron los trámites para la prisión preventiva del ex camarista, un pedido muy habitual para este tipo de detenidos ya que se trata de hombres mayores. Dentro de la cronología planteada, esta semana tomó estado público la posibilidad latente de que Romano logre el beneficio, hecho que disparó los cuestionamientos desde los movimientos de Derechos Humanos.
La prisión domiciliaria se le da a mayores de 70 años con problemas de salud, cuya complejidad y cuidados obliguen a que no se pueda tratar dentro del penal. Y en este sentido, Romano presenta algunos ítems que en principio le podrían favorecer en su pedido: el detenido tiene 71 años, es diabético e hipertenso.
“Esto no se trata de un trámite automático que se le da a aquellos que cumplen 70 años. También hay que tener en cuenta que sus patologías son normales para un hombre de edad”, dijo Romina Ronda, subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y relativizó las posibilidades de que logre el beneficio: “El hecho de que se haya fugado a Chile seguramente tendrá su peso en la decisión del Tribunal Oral”.
“Los controles en el Pabellón 6 son más periódicos que para el resto de la Penitenciaría, atentos a que se trata de una población mayor de edad”, explicó la funcionaria. “El hecho de que haya sido asistido rápido demuestra que los mecanismos están aceitados”, reforzó. El ministro de Salud, Matías Roby, coincidió y aseguró que “el sistema de salud está preparado para atender cualquier contingencia ya que los cuidados que tienen los presos son los mismos que aquellos que no están privados de la libertad”.
En el Central dijeron que el alta médica puede ser dada en cualquier momento, a la vez que confirmaron que no se trata de un estado de gravedad, sino que su internación es para controlar las variaciones en la presión.
