Con prisión preventiva y con su causa elevada a juicio, el ex camarista federal Otilio Romano fue trasladado ayer al pabellón 6 del penal San Felipe, a la espera de un juicio que, por ahora, no tiene fecha.
Así lo decidió el juez federal Walter Bento, quien durante la mañana de ayer notificó al imputado el estado de su causa, luego de haber pasado la noche en los calabozos de los tribunales federales. El caso está ahora en manos del Tribunal Oral.
Romano llegó de Chile, extraditado, el miércoles cerca de la medianoche y aparece como acusado en 103 casos de delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza durante la última dictadura que sufrió el país (1976-1983).
Concretamente, se le achaca no haber investigado esos hechos como fiscal federal, el cargo que ocupaba en esos años. Esas "omisiones" de hace más de tres décadas ya le valieron la destitución como camarista en 2011. El Jury de Enjuiciamiento consideró que le faltaban "condiciones morales".
"He resuelto ordenar la prisión preventiva, algo que nunca pude hacer ya que cuando decidí su procesamiento, él tenía el cargo de camarista y, con posterioridad, no pude dictar el procesamiento porque no estaba sometido a proceso", reseñó el mismo Bento su actuación y agregó: "He firmado en el día de la fecha (por ayer) el auto de elevación a juicio".
El juez habló brevemente en la puerta de su despacho en los tribunales federales, en el mismo momento en que Romano salía por la puerta de atrás para ser trasladado al penal de San Felipe.
Sin dar muchos detalles, Bento dijo que el acusado "no hizo ningún comentario" durante la instancia en la que fue notificado de su situación procesal, y que no había "nada para acotar" en relación al examen médico que realizaron al detenido apenas descendió del avión.
Dentro de las novedades, y evadiendo la respuesta, Bento dejó entrever que la hija del acusado, Verónica Romano, no estará en la defensa del acusado. "Es una situación que hoy (por ayer) se ha modificado pero que no viene al caso que yo adelante cuál es la solicitud personal suya (por Romano)", indicó el juez.
Lo que viene
Lo que resta ahora, dentro de los pasos judiciales, es que Bento remita "en los próximos días" la compulsa en relación a Romano al Tribunal Oral, organismo encargado de poner día y hora al juicio al que se someterá a Romano.
Por ahora, la única fecha tentativa es noviembre, más precisamente el 11, día que solicitó Pablo Salinas, abogado penalista y querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).
El abogado representa a la parte acusadora y, junto con el fiscal querellante Dante Vega, solicitó que el enjuiciamiento sea por una megacausa y que no se atomicen los casos. En total, Romano está imputado por 103 violaciones a los derechos humanos.
"La decisión está ahora en manos de los jueces Alejandro Piña, Raúl Fourcade y Juan González Macías", señaló Salinas en relación a los encargados de seguir el curso del proceso judicial.
Mientras tanto, el que hasta no hace mucho fue el hombre más poderoso de los tribunales federales permanecerá en una cárcel para presos de fuerzas públicas en el pabellón 6 del penal San Felipe.
Allí están alojados otros detenidos vinculados a delitos de lesa humanidad. "Nosotros estamos satisfechos. La Corte falló como corresponde y el juez Bento también. No hubo violación del derecho al tratarlo como uno más", valoró Salinas en relación a la decisión de que permanezca en una cárcel común.
A su vez, el abogado explicó que los delitos de lesa humanidad, que se le imputan al ex camarista, es aquel "ataque generalizado contra la población civil y llevado a cabo desde el aparato del Estado". Dichos crímenes son imprescriptibles.
La noticia de la encarcelación de Romano y la elevación de su causa a juicio fue celebrada por distintos sectores de Derechos Humanos. En la madrugada del jueves, distintas organizaciones estuvieron apostadas en la puerta de tribunales federales a la espera de la llegada del ex magistrado. Finalmente, el acusado llegó cerca de la 1.40 y fue abucheado e insultado por los militantes.
