El lunes era el día señalado por los organismos de Derechos Humanos, quienes buscaron junto a la fiscalía comenzar en esa fecha una megacausa contra todos los procesados en Mendoza por delitos de lesa humanidad. Pero más allá de los esfuerzos, el pedido no tuvo lugar y todo quedó como ya estaba previsto: se enjuiciará sólo a un acusado.
La intención era que a partir del juicio ya fijado a Enrique Blas Gómez Saá, ex integrante del servicio de inteligencia durante la última dictadura militar (1976-1983), se sentara también en el banquillo a otros involucrados que esperan ser juzgados. Entre ellos está el ex camarista federal Otilio Romano, quien cumple hoy, con prisión preventiva, su día número 65 en el pabellón 6 del penal de San Felipe.
El detenido está acusado, en 103 causas, de no investigar delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y espera fecha de juicio junto a otros ex magistrados federales, como Luis Francisco Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, entre otros. Todos estos casos podrían entrar en una megacausa que incluiría a los acusados de la "causa 636" (ex jueces y fiscales de la dictadura), la de "abril del 77" y otras.
Ésta es la pelea que se viene dando desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la cual tendrá que esperar "hasta febrero del año que viene", según consideró Pablo Salinas, apoderado del movimiento y abogado querellante, junto con Viviana Beigel. Es por eso que en esta oportunidad, y por primera vez desde que se iniciaron este tipo de juicios en la provincia, el acusado será solamente una persona.
"Si bien celebramos que se realicen estos juicios, para nosotros era mejor que se dieran todos juntos ya que implica un desgaste hacerlo por sólo un imputado", ponderó Beigel, y señaló que la traba principal para no poder unificar las causas fue que "Romano presentó hace un mes una recusación contra uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 1", integrado por Alejandro Piña, Raúl Fourcade y Juan González Macías.
El recurso legal implica la sospecha de que se puede ver afectada la imparcialidad de alguno de los jueces, en el caso puntual de González Macías. Pero desde el MEDH confían en que esta impugnación "se puede caer igual que la de Miret".
En aquella oportunidad, Miret, otro ex juez señalado por no denunciar torturas policiales (en total fueron 30 hechos), había presentado una recusación también contra González Macías. Pero esta presentación fue negada por el tribunal, lo que motivó un posterior recurso también rechazado por la Cámara Federal de Casación Penal.
La idea de los querellantes es que la estrategia de Romano "corra la misma suerte ya que los jueces son imparciales y no hay motivos para una recusación", indicó Beigel y agregó: "Estos son los planteos que obviamente plantea la defensa pero que en general no han tenido éxito".
Cuarto juicio
Por lo pronto este lunes se sentará, en el banquillo de acusados, Blas Gómez Saá, en el desarrollo de un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad. El imputado está acusado de privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas hacia Roberto Vélez, Martín Lecea y Oscar Guidone.
Gómez Saá fue miembro de la División de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. "Uno de las principales objetivos del debate es conocer qué fue lo que sucedió, establecer responsabilidades y que se lo condene. Hay mucha información que puede surgir de ese juicio", indicó la abogada querellante.
