En general se acepta que la inversión en C-T debería alcanzar el 3% del PBI. La Argentina pasó del 0,42% en 1996, al 0,6% en 2016. En consecuencia, está lejos aún del nivel mínimo recomendado por expertos y Naciones Unidas (2%). El rol del Estado nacional es primordial en la orientación de la política científica en tanto la inversión pública representa el 74% contra el 0,12% del sector privado. La Argentina tiene el mayor número de investigadores/as por millón de habitantes en AL. El Conicet como organismo autárquico ejecutor de las políticas científico-tecnológicas está regulado por el decreto 1661/96, el cual asigna a las disciplinas sociales y humanas un rol primordial en la formación de RRHH de alta calificación, y en la producción de conocimiento afines al interés de la nación, y al desarrollo armónico y equitativo de las disciplinas científicas en la amplia red institucional y universitaria.
El Conicet ha cumplido un rol prioritario en su fortalecimiento a través de concursos públicos periódicos y regulares. Esa razón, entre otras es la que explica la confianza depositada por los jóvenes profesionales del país (y del exterior) para el desarrollo de sus vocaciones, formación, resultados y aptitudes científicas, en tanto el Conicet ha demostrado ser capaz de diseñar y sostener en el tiempo un minucioso y controlado sistema de evaluación que contempla la especificidad y el diálogo interdisciplinar, la pluralidad de tradiciones teóricas, y la renovación periódica de las comisiones asesoras, según una adecuada variación y representación territorial o regional.
La restricción del presupuesto del bienio 2018-2019, y la reorientación de la política de ingresos a la Carrera de Investigador Científico ha afectado de manera negativa las ciencias humanas y sociales en cuanto restringen la integración de jóvenes al sistema científico nacional, la ejecución de líneas de trabajo de grupos consolidados y en formación, el funcionamiento de institutos y centros de estudio, a lo que debe agregarse el deterioro de los salarios del personal y becarios.
La crisis desatada ha puesto en entredicho el papel del conocimiento social como herramienta prioritaria de políticas públicas orientadas a mejorar indicadores de gobernabilidad, equidad social, desarrollo, y la promoción de valores ciudadanos y democráticos.
