“Indignado” se mostró ayer el ministro de Salud, Matías Roby, luego de visitar el centro sanitario 39 de Ugarteche, en Luján de Cuyo, en donde corroboró serias falencias como la ausencia de médicos a la hora de atender (él llegó a las 8.30), fallas de algunos servicios como el de Internet y mal manejo en el suministro de ciertos productos, como la entrega de leche, entre otros problemas.
Según se informó desde su cartera, el ministro asistió a ese centro de salud en respuesta al reclamo de pobladores de esa zona, que denunciaron las irregularidades y, tras corroborarlas, se comprometió a buscarles una solución, al tiempo que prometió castigos para los profesionales que no estuvieron en su lugar de trabajo.
“Lamentablemente será necesario castigarlos”, dijo Roby, aunque sin precisar qué tipo de sanciones impondrá a los médicos que no estaban cuando él llegó. “Puede ser desde sumarios hasta la cesantía, lo que quepa”, indicó. Por la mañana, había sido más enfático: “Que se saquen la careta y se pongan a laburar. Que dejen de hablar al pedo”.
En realidad lo que hizo Roby fue comprobar una situación que hace tiempo es denunciada por los usuarios en distintos efectores públicos de la provincia. “Éste es un problema que data de hace quince años”, confirmó y opinó que “el sistema está devastado”.
Sin embargo no quiso dar a su accionar, -el cual “continuará en otros centros de salud”, tal como él mismo dijo- una calificación de campaña política, más allá de que no niega sus ambiciones de aspirar a un cargo de jerarquía terminado el mandato de su amigo, el gobernador Francisco Pérez. “No es demagogia. Esto no está armado”, dijo, en un esfuerzo por apartar esos rumores.
Así, hizo referencia a diversas herramientas en las que su equipo trabaja, como el 0-800, “que puede estar listo en diciembre” se esperanzó o “el mejoramiento del sistema telefónico y avances en el sistema del control asistencial”.
Las acusaciones de Roby molestaron a Ampros, que salió a contestarle con el archivo personal e informó que el 8 de julio pasado, junto a ATE, solicitaron a Fiscalía de Estado que se investigue a Roby por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación al Estado y mala praxis profesional por denuncias previas a su asunción como ministro.
Al respecto, el gremio relata en un comunicado que Roby “fue denunciado por la propia titular de la entonces Secretaría de Deportes, Beatriz Barbera, por no asistir a su lugar de trabajo desde 2008 a 2010, aun cobrando su sueldo”. También se refieren a otros dos expedientes por supuesto mal desempeño profesional. Denuncian que en el Gobierno les niegan el acceso esos documentos.
Por esto es que han solicitado la intervención de la Fiscalía de Estado para que “fije una audiencia a fin de investigar al ministro de Salud y sus colaboradores”.
