A través de una carta documento, la comuna de Rivadavia intimó a la cooperativa eléctrica Anexos Popular, a incluir en la factura mensual de sus usuarios, un incremento del 6% en concepto de tasa municipal, algo que la cooperativa realizó hasta julio de 2012 y que dejó de facturar en aquel momento, pese a que la comuna sostiene que hay una ordenanza que desde 1984 así lo manda.
"En Rivadavia hay tres cooperativas eléctricas, dos de ellas cumplen la ordenanza (Sub Río Tunuyán y Medrano) y depositan ese 6% que la comuna destina a obras de iluminación, pero la Anexo Popular decidió unilateralmente no cumplir la ordenanza, aprobada en 1984 y ratificada en 2002", explicó el intendente Ricardo Mansur.
Al mismo tiempo, el municipio exige que la cooperativa cancele una deuda acumulada entre 1999 y 2012, tiempo durante el cual la empresa eléctrica sí facturó ese 6% en las boletas de los usuarios residenciales y comerciales, aunque no depositó el dinero a favor del municipio, tal como lo establece la norma.
"El presidente de la cooperativa eléctrica (Alberto Debandi) debe explicar dónde está la plata que durante más de diez años cobró a los vecinos, pero que no depositó en la comuna", agregó el intendente Mansur: "Hay malversación de fondos o retención indebida. Es como si yo descontara la jubilación a los municipales pero no depositara el dinero en Anses".
Durante esos años en los que la cooperativa eléctrica decidió no entregar el canon municipal, la comuna contestó dejando impago su consumo eléctrico, asunto que generó entre 1999 y 2012, una deuda cruzada, cuyo saldo final favorecería al municipio.
"La cooperativa no nos permite ver sus libros y hemos recurrido al Epre para saber cuál ha sido su consumo en esos años y así determinar cuánto dinero suma ese 6% que nunca nos depositaron", dijo Mansur y completó: "Si a esa deuda usted le resta la que generamos por no pagar la energía, queda un saldo a favor de la comuna de $ 2.344.173 que, actualizada, asciende a siete millones de pesos".
La comuna ha llevado esa deuda a la Justicia, que se encuentra auditando las cuentas: "En los últimos cuatro años invertimos 16 millones de pesos en alumbrado público y parte de ese dinero viene del 6% de las cooperativas que pagan el canon; si la Anexos Popular cree que la ordenanza es inconstitucional lo que debe hacer es reclamar a la Justicia, pero no puede unilateralmente dejar de aplicarla, que es lo que hace desde julio de 2012", agregó el intendente.
En estos días, la cooperativa eléctrica envió un comunicado a sus más de 14.500 usuarios donde califica a la intimación municipal para volver a incluir el 6% en la factura de "ilegal e infundada" y sostiene que la ordenanza del 84 que establecía la tasa del 6% fue derogada en 1989, aunque no queda claro entonces por qué la siguió cobrando hasta 2012.
"La ordenanza de la que habla la comuna no está vigente y lo que hubo hasta 2012 fue un convenio entre partes, que se rescindió porque la comuna no daba ninguna contraprestación a cambio de esa tasa, que terminaba siendo un impuesto a los vecinos", explicó Alberto Debandi.
El presidente de la cooperativa aseguró que no implementará la tasa del 6%, a menos que la Justicia se lo ordene: "Lo que se recaudó en esos años que reclama el municipio se invirtió en el servicio y tampoco es cierto que debamos siete millones de pesos a la comuna; ellos han sacado un cálculo erróneo en base a datos del Epre que no han sabido manejar. La Justicia dirá quién tiene la razón".
