El problema de los cursos de aguas o lagos públicos sin acceso a los particulares fue presentado por Los Andes en la nota titulada "Cada vez más ríos y arroyos son 'propiedad privada'", en la que se plantea el aumento de los cursos de agua en el Valle de Uco, vedados al ingreso público.
La argumentación de la denuncia colectiva, pública y administrativa, radica en la localización de una serie de situaciones detectadas en nuestros ambientes acuíferos. La posición ambientalista y protectora de los recursos naturales fue asumida, entre otros, por la fundación Aguas Libres, uno de cuyos impulsores es el arquitecto y cultor de la pesca con mosca, Jorge Aguilar Rech.
Las formas de trabar el libre acceso se hace por medio de la colocación de alambradas inaccesibles u otros obstáculos por parte de propietarios de campos ribereños.
Hay quienes formulan autocríticas al no convalidar las consecuencias de deambular por los campos sin cuidar el entorno y proteger la fauna. Y señalan que hay una llamativa inobservancia, de parte de las ONG existentes (asociaciones de pescadores y clubes varios), y una irreparable y creciente contaminación de cauces, a raíz de una política ineficiente en el manejo de residuos en los ambientes naturales, juntamente con una ineficaz acción en la prevención de acciones contaminantes por parte de pobladores, industrias, empresas hoteleras y operadores de turismo, contra lo que deberían actuar la DGI y las municipalidades.
A lo descripto se agrega una irreparable sobreexplotación de los cauces que sustentan a poblaciones enteras en forma inadecuada y hasta el estrago del recurso.
Una inexistente conciencia de sustentabilidad de biodiversidad en algunas reservas por parte de operadores eléctricos, donde la prioridad es la generación al menor costo y no acorde con la Ley de Aguas.
Asimismo, la realidad de un deficiente presupuesto de parte de los organismos municipales y Medio Ambiente, hace que no se materialice la limpieza de los ambientes y la protección del recurso natural. Este último altamente impactado por cazadores y pescadores furtivos y puesteros con crianzas.
El panorama detectado es suficiente argumento para definir un manejo despreocupado y reactivo de los cauces. Las apropiaciones son el primer paso al daño contaminante, al desvío de cursos y la sobreexplotación hasta derivar en la muerte del cauce. El ineficaz control de las actividades comerciales y turísticas adosadas a los cauces está provocando focos contaminantes cuya reparación, si fuese viable, sería millonaria.
Además de los ambientes del Valle de Uco que fueron cercados, en el resto del territorio provincial suman más de 100 según las organizaciones que litigan por la corrección de estas inequidades.
Los propietarios tienen razón en cuidar sus bienes personales, nadie puede negarles ese derecho, pero no corresponde incluir las aguas. El cuidado de estos bienes públicos está a cargo de los organismos estatales y no de los privados. Tampoco es admisible permitir alambrar un espacio de uso y dominio público para proteger su ganado. Lo lamentable es que, en paralelo, existen cada vez más malos pescadores y cazadores.
Amparados en un reglamento de pesca y caza inapropiado, antiguo y lejos de sustentos científicos, crecen día a día.
La Provincia debe acomodar urgentemente su presupuesto en materia ambiental para poner a los guardaparques en el terreno. Son ellos quienes deben cuidar el cumplimiento de la ley, sancionando y protegiendo los recursos naturales. De hecho lo hacen pero con más entusiasmo que medios.
