Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
A raíz del caso de la muerte del fiscal Nisman se pusieron en el tapete las derivaciones del accionar de miembros de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que, en la mayoría de los casos, se hacía sin intervención judicial y servía para amedrentar a jueces, empresarios o políticos.
A raíz de la repercusión de estos casos, el Gobierno nacional decidió desmantelar la ex SIDE y elevó un proyecto que fue convertido en Ley creando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esta ley fue reglamentada esta semana mediante el decreto 1311/2015 y contiene un anexo en el cual se detallan los planes de la nueva doctrina de inteligencia nacional.
Entre los puntos controvertidos, aparecen frases como las de facultar a la agencia para investigar a empresas y grupos económicos y/o financieros en general cuando se considere que desarrollan “acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimiento, golpes de mercado, etc”.
Si bien el encabezado del anexo aclara que el “rol de la AFI será velar por la protección y el cuidado de los argentinos y no espiarlos” la redacción vaga y generalista del anexo dio pie a muchos temores y a interpretaciones acerca de la violación de derechos básicos consagrados por la Constitución Nacional como el derecho a la intimidad, entre otros.
Además, la redacción supone que cualquier acción especulativa en los mercados (que son naturalmente especulativos) que podría suponer la idea de desestabilización o poner en riesgo la seguridad nacional, da a la autoridad de aplicación una capacidad de fuego casi ilimitada para perseguir a cualquier argentino o empresario con total discrecionalidad.
Los problemas de desabastecimiento son propios de sistemas de economías cerradas, proteccionistas y donde el mismo Estado termina generando incentivos para que se desarrolle la especulación o la aparición de grupos dominantes.
La economía argentina debe ordenarse en una estructura con menos controles y más competencia, incluyendo la posibilidad de ingreso de mercancías del exterior. En lugar de inventar delitos hay que bajar las barreras de ingresos para asegurar el máximo de competencia posible para que sean los consumidores los que, libremente, hagan los controles y evitar estructuras de espías que ahora se quieren legalizar.
Para el caso de formaciones monopólicas u oligopólicas, las leyes argentinas han creado diversos institutos que deben ponerse en funcionamiento, como los entes reguladores, para los monopolios naturales; o la Ley de Defensa de la Competencia, que nunca se quiso reglamentar, que establece la creación de Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, independiente del Ejecutivo, para intervenir en casos de acuerdos de cartelización o fusiones o adquisiciones tendientes a bajar los niveles de competencia.
Existen reglas legales para que funcione un mercado naturalmente abastecido, pero deben dejar que ese mercado funcione. Si el único mercado posible es el de la intervención policial del Estado, siempre habrá problemas pero lo más grave es que se paralizarán las nuevas inversiones y la creación de puestos de trabajo.
Es notable cómo la nueva inteligencia nacional pone más énfasis en perseguir el desabastecimiento de un supermercado que los ingresos de drogas o el lavado de dinero. Esto deja a las claras que bajo el paraguas de seguridad o inteligencia nacional lo que se quiere es perseguir arbitrariamente a cualquier ciudadano y no hay vocación de atacar los problemas reales. Sólo que, ahora, el espionaje estará legalizado.
