En el Congreso Nacional arrancó en la semana el debate del polémico proyecto de ley que impulsa la intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por un año.
En comisiones del Senado ya se aborda esta iniciativa impulsada por el oficialista jujeño Guillermo Snopek, quien argumenta, para fundamentar su propuesta, que la Justicia de su provincia ha sido dominada políticamente desde que Gerardo Morales es gobernador. La oposición, en cambio, considera que se trata de una jugada a favor de la impunidad y con un objetivo claro: que quede en libertad la dirigente social y política Milagro Sala, presa por acciones delictivas al frente de la organización por ella liderada, supuestamente destinada a construcción de viviendas sociales.
A primera vista, esta movida, nacida entre la dirigencia cercana a la actual vicepresidenta de la Nación, aparece como un seguro avasallamiento al federalismo, ya que institucionalmente el Estado jujeño debería agotar instancias para dirimir cualquier diferencia o acusación en el marco del normal funcionamiento de sus tres poderes.
Por otro lado, la acción de los senadores del Frente de Todos de algún modo compromete la postura del gobierno nacional, ya que uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Alberto Fernández tiene como objetivo una reforma de la Justicia Federal muy amplia y que ya despierta sospechas y suspicacias en virtud de la influencia sobre los jueces y fiscales que tradicionalmente adoptaron los gobiernos kirchneristas. Avanzar sobre el funcionamiento de un Poder Judicial provincial no parece el camino más correcto en el contexto que pretende instalar la Casa Rosada.
No hay que dejar de conjeturar que una eventual intervención de la Justicia de Jujuy desde la Nación dejaría totalmente vulnerada a la conducción política del Estado norteño y llevaría a un seguro enfrentamiento de poderes con consecuencias incalculables en lo político, social y económico.
Durante los cuatro años de la gestión presidencial de Mauricio Macri, el kirchnerismo más duro intentó instalar socialmente la idea de que en la Argentina había presos políticos. De esa manera, se buscaba definir a los jueces y fiscales que avanzaron con causas de corrupción que involucraron a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como apéndices del poder político de turno para encarcelar por cuestiones puramente ideológicas. Nada más equivocado: la mayoría de los ex integrantes de gobiernos kirchneristas y muchos empresarios vinculados, debieron ventilar sus causas por demostrados hechos de corrupción que comprometieron el erario público.
Sí puede reconocerse que en varios casos hubo una excesiva utilización de las prisiones preventivas, aspecto que comenzó a ser corregido durante la última etapa del gobierno de Juntos por el Cambio. Ésa es una de las bases de sustentación del proyecto reformista del presidente Fernández, que en todo momento negó que en la Argentina existieran presos políticos, dejando así mal colocado al discurso de quienes creen que todo debe volver a una de las estrategias más criticables que aplicó el cristinismo durante la última etapa de su largo paso por el poder. Por eso desde la actual oposición esperan que el jefe del Ejecutivo nacional haga un llamado al orden a quienes respaldan la iniciativa intervencionista de la Justicia jujeña, para evitar que una vez más la impunidad resulte airosa merced a un grosero atropello a las instituciones. La delicada situación económica y social de la Argentina necesita de su dirigencia la mayor responsabilidad.
