Muchos argentinos consideran que la disputa por la Ley de Medios es un problema político que se dirime en la Justicia y en el que sólo están involucrados el Gobierno y el Grupo Clarín. De esta percepción, en verdad, es gran responsable el Ejecutivo nacional, que ha hecho de la puesta en práctica de la nueva legislación en materia de comunicación audiovisual, una verdadera cruzada para neutralizar a los medios críticos con la realidad del país.
De igual modo, gran parte de la ciudadanía ve con indiferencia los acontecimientos públicos en torno a la Justicia que, durante este año que finaliza, se han caracterizado por una inusitada presión oficial sobre distintos jueces, siempre con la intención de que los intereses gubernamentales sean priorizados desde los estrados de la magistratura a la hora de emitirse los fallos. Aquí también sobresale el diferendo por la aplicación de la Ley de Medios.
En las últimas horas, una vez conocido el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación que rechazó el nuevo per saltum pedido por el Gobierno nacional reclamando al Máximo Tribunal que se expidiera sobre la cuestión de fondo de la causa contra Clarín, el ministro de Justicia de la Nación volvió a cargar sobre los jueces; primero, opinando que la resolución tomada "puede tomarse como un nuevo elemento dilatorio", con lo cual dio a entender que el kirchnerismo sospecha del libre y pleno desempeño de los miembros del Alto Tribunal.
Luego, se encargó de anticipar que la Jefatura de Gabinete también hará una presentación ante la Cámara Civil y Comercial que tiene que pronunciarse sobre la causa para emplazarla a expedirse "a la mayor brevedad posible", según lo que se supo periodísticamente a raíz de lo expresado por el mencionado funcionario. A no dudarlo, el Gobierno pretende que no rija en este caso la feria judicial de enero.
Con lógica preocupación, el grueso de los argentinos sigue priorizando los problemas cotidianos a los que el Gobierno no presta atención, pero que generan el malestar social que se percibe a diario. Entre esos problemas de todos los días se encuentran la inflación y la inseguridad. La mayoría de las encuestas serias que se realizan en la Argentina dan cuenta de esas prioridades.
Pero aquellos asuntos, los referidos al conflicto sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios y la presión oficial sobre la Justicia son, lamentablemente, vistos como lejanos a la preocupación de la gente común, sumamente distantes de la agenda diaria de inquietudes, como un diferendo entre políticos y empresarios en el que el grueso de la población no tiene por qué involucrarse. Nada más errado en cuanto a la percepción.
El respeto a la independencia de la Justicia es fundamental para la vida republicana. De nada sirve un sistema democrático cuando, por artimañas del poder político, se tiende progresivamente hacia el autoritarismo y la pretensión de un pensamiento único. En ese caso la legitimidad del voto choca muy pronto con la degradación institucional.
Es verdad que la Justicia puede, y debe, ser objeto de exigencias. Su funcionamiento en la Argentina, en líneas generales, ha sido muy criticado en los últimos años, como puede ser su lentitud o accionar negligente en algunos aspectos. Pero también es real que de esos jueces y de los muchas veces influenciables políticamente o directamente vinculados con el poder de turno, se valen estrategias políticas como las que vemos a diario desde el Gobierno nacional, pretendiendo que los fallos sean como creen las autoridades que debe ser interpretada la ley y nada más.
En los temas que nos ocupan, doblar el brazo a los jueces independientes derivará en una mayor concentración de medios de radio y televisión adictos al kirchnerismo o directamente influenciados por el poder monetario de una pauta oficial publicitaria. Entonces, la prensa libre morirá y quienes no prestaron atención a la importancia de la actual disputa judicial por la Ley de Medios advertirán en algún momento que sus voces se escucharán y reproducirán cada vez con menor frecuencia y sus problemas de todos los días difícilmente sean divulgados.
El diferendo por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la injerencia que se pretende ejercer cada día más desde el poder político sobre el accionar de los jueces, parecen a priori asuntos lejanos a la gente. Sin embargo se encuentran mucho más cerca, de los intereses concretos de cada argentino, de lo que se cree.
