Siempre se ha dicho que uno de los mayores riesgos que sufre la Argentina es la falta de seguridad jurídica. Se entiende por tal a los cambios en las reglas de juego, en las normativas o en introducción de sorpresivos impuestos o supresión beneficios otorgados. De igual manera se interpreta a los cambios de leyes que alteran las reglas cada vez que se produce un cambio de gobierno. Todas estas cosas violan la Constitución pero cuando los ciudadanos o empresas recurren a la Justicia, tienen tanta demora que cualquier resultado termina siendo perjudicial.
En los últimos meses el país ha debido pagar caro los cambios de reglas de juego y, el problema, es que seguimos en la misma línea tratando de solucionar la crisis coyuntural mientras podemos estar incubando nuevos problemas a futuro.
En diciembre del año pasado, por presión del Frente Renovador con apoyo del kirchnerismo, se creó el impuesto a la renta financiera, destinado a castigar a los capitales que invertían en Argentina. El resultado fue que dichos capitales decidieron salir del país y comenzaron una feroz corrida cambiaria que fue la que hizo pegar un salto muy fuerte al valor del dólar. Ante esa crisis, se frenó el ingreso de nuevos capitales por la suba del dólar en el mundo.
Fue una medida muy imprudente, justo en momentos que el país dependía de esos capitales para financiar el déficit que se bajaba en forma gradual. Al faltar ese financiamiento todos dudaron de la solvencia de Argentina que, finalmente, debió recurrir al Fondo Monetario Internacional. Cambiar las reglas de juego es faltar a la buena fe y se paga caro.
Ahora, cuando se discuten medidas para bajar el déficit, las provincias no quieren bajar el gasto y comienzan a inventar nuevos cambios en las reglas de juego. El mismo Frente Renovador propuso aplicar una alícuota especial de 1% (lo normal es 0,25%) en el Impuesto a los bienes personales radicados en el extranjero.
Esta sería otra violación de la buena fe en las reglas de juego. En el último blanqueo se les permitió a los titulares de bienes y activos radicados en el exterior que los declararan y desde entonces pagaran impuestos sin necesidad de tener que traerlos al país. El blanqueo en sí mismo fue una trampa porque no se modificaron los impuestos, que fue la razón por la cual se los había mantenido ocultos, pero agregarle otra trampa más. Lo cual es una invitación para que se vuelvan a sacar capitales al exterior sin declarar.
Otra decisión que traerá consecuencias ha sido la restitución de los derechos de exportación, aunque esta vez alcanza a la totalidad de las ventas externas. Pero esto pega fuerte en las ventas de granos, porque los toma en un momento en que están bajando de manera importante los precios en el exterior por una combinación de una mayor cosecha y una revaluación del dólar en el mundo.
En el caso de la soja, además, no solo se suspende el proceso de baja iniciado, sino que, además, al impuesto actual se le agrega un monto adicional que, combinado con la baja del precio pone en serio riesgo la esperanza de que los granos nos vuelvan a salvar. La decisión se tomó con el trigo ya sembrado y el maíz en el mismo proceso. Pero la soja aún no comenzó y puede impactar en que muchos productores decidan dejar el campo para ganadería ya que no tendrán rentabilidad con esta combinación letal de precios en baja y mayores impuestos.
Como se puede ver, cuando el Estado está en apuros, en lugar de tomar las medidas adecuadas para bajar los gastos en todas sus jurisdicciones, recurre al procedimiento más fácil que es el de trasladarle sus problemas a la sociedad civil a la cual no tiene empacho en meterle la mano en el bolsillo, cambiando las reglas de juego, aunque las mismas estén sustentadas en leyes anteriores.
Con estas conductas compulsivas de alterar las reglas de juego siempre nos ha ido muy mal. Sería hora de que probáramos siendo serios y probablemente nos sorprenderíamos de los buenos resultados que obtendríamos, solo por ser previsibles.
