En primer término, resulta sumamente contradictorio que una agrupación política que desde su instalación en el poder, en mayo de 2003, ha hecho de la defensa de los derechos humanos una bandera de su cruzada política, designe y mantenga en el cargo a un militar cuestionado por su accionar durante la dictadura en lo relacionado con la represión y desaparición de personas.
También preocupa que por primera vez sea elegido para conducir la fuerza un oficial de alto rango proveniente de la inteligencia militar, un área a la que en democracia deben adjudicárseles funciones debidamente limitadas y siempre inherentes a la tarea que deben cumplir las Fuerzas Armadas y jamás a la sociedad civil.
Pero igual de inquietante es el riesgo de politización de las Fuerzas Armadas que se ha abierto a partir de esa polémica designación, que sigue generando un fuerte debate en el Congreso nacional, donde permanece congelado el ascenso del nuevo jefe del Ejército a teniente general por expreso pedido de la titular del Poder Ejecutivo.
En su discurso de asunción, el general Milani activó una alarma enorme al sostener que los militares deben “acompañar el proyecto nacional que se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos”. Hace muchos años que no se escuchaban apreciaciones de dicho calibre de boca de un militar del altísimo rango. A partir de 1983 no se volvió a hablar de pertenencia de los militares a ningún proyecto político en especial. La excepción fueron las escaramuzas generadas por los movimientos “carapintadas”, que no lograron quebrantar el orden constitucional.
Queda claro que de ningún modo el papel de armarse para la defensa del país que específicamente cumplen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tiene ligazón con la ideología de un gobierno de turno. Cabe interpretarse, entonces, que lo dicho por Milani responde a una cuestión personal que debería haber mantenido en secreto en virtud de la responsabilidad institucional conferida. Si su profesionalidad como militar es superada por una inclinación político-partidaria determinada, correspondería que la misma se hiciera pública una vez que su paso por el Ejército haya terminado.
La politización de las Fuerzas Armadas, concepto que ha comenzado a circular en la Argentina a partir de la reciente remoción de cúpulas militares para introducir los actuales cambios de conducción, es muy preocupante porque nos retrotrae a un modo que, obviamente, se utilizó durante los tiempos de dictaduras.
Pero lo peor es que se aproxima peligrosamente a actuales ejemplos no deseados en los que los militares se encuentran alineados con gobiernos elegidos por el voto popular pero que poco y nada se acomodan a los preceptos republicanos, como es el caso de Venezuela, en la que Chávez construyó su poder con el respaldo de Fuerzas Armadas convertidas en brazo operativo de su gobierno.
Con motivo de estos cambios que introdujo en las conducciones militares, Cristina Fernández se refirió a la necesidad de iniciar una etapa destinada a “cerrar las brechas que épocas trágicas abrieron entre el pueblo y las Fuerzas Armadas”. Una apreciación no fácil de compartir, puesto que en treinta años de vida democrática los uniformados, salvo hechos aislados ya mencionados, mantuvieron su respeto a las normas constitucionales y los acusados de actos represivos fueron debidamente juzgados.
En conclusión: las instituciones armadas son parte de la Argentina y se someten a sus autoridades; de ningún modo a un proyecto político circunstancial.
