Ya está la orden de la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal para iniciar el proceso de aplicación del sistema acusatorio. Esto implica que sean los fiscales quienes investiguen las causas, mientras que quienes hasta ahora investigan en la primera instancia funcionarán como jueces de garantías, es decir que controlarán la legalidad del proceso.
Se trata de una cuestión técnica, pero que tiene efectos en el día a día. El protagonismo que antes tenían los magistrados de primera instancia se traslada a los representantes en Mendoza del Ministerio Público Fiscal.
No se trata de un cambio menor, porque está estrictamente vinculado al poder en los tribunales federales. De hecho, la Comisión Bicameral del Congreso no empezó el proceso de cambio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, justamente porque el cambio implicaría un terremoto que relegaría a jueces mencionados a diario en las causas por corrupción.
El proceso inició en junio pasado en los tribunales federales de Salta y Jujuy. El martes, la Comisión Bicameral dio la orden de arrancar en los de Mendoza y los de Rosario. Por eso es que el 25 de noviembre el encargado de la implementación del nuevo sistema en Mendoza, el camarista Ignacio Pérez Curci, viajará a Buenos Aires para recibir los detalles finales y arrancar con la migración de sistema, muy probablemente en los tribunales federales de San Rafael.
El reordenamiento local
Desde que se conoció la decisión de la Bicameral, se vive un terremoto en el edificio de España y Pedro Molina. Es que no se trata de una modificación menor. Hasta ahora, los tres jueces federales de Mendoza eran los que llevaban las causas y el protagonismo de las investigaciones: Walter Bento (Juzgado Federal 1), Juan Carlos Nacul (Juzgado 2) y Marcelo Garnica (juzgado 3). A partir de ahora, los magistrados se encargarán de lo que se llama "control jurisdiccional", es decir que serán los encargados de dirimir los conflictos entre fiscales y defensas y de emitir las autorizaciones de allanamientos.
A partir de la reforma, la investigación de las causas en Mendoza estará a cargo de los fiscales Alejandra Obregón y Fernando Alcaraz; y en San Rafael de Ignacio Sabas. Los tribunales federales de Mendoza tienen jurisdicción en San Juan y San Luis, por lo que la reforma también llegará a esos estrados.
El proceso de cambio del sistema inquisitivo al acusatorio ya se vivió en la Justicia mendocina. Llevó casi 20 años implementarlo en toda la provincia, en parte por falta de recursos y en parte por algún grado de resistencia judicial. Ahora arranca la Justicia Federal.
A nivel federal, la implementación empezó este año, como se dijo, en Salta y Jujuy el 10 de junio pasado. La modificación fue promulgada por el decreto 118 del 7 de febrero de 2019.
Sin embargo, la ley que sancionó el Código Procesal Federal, la 27.063, fue sancionada en diciembre de 2014, pero tuvo una modificación en la ley 27.482, que fue sancionada en enero de este año. En febrero vino la promulgación y en junio empezó la implementación en los tribunales federales de las provincias del norte.
Cabe destacar además, que el nuevo código incluye la oralidad de los procesos y la paulatina eliminación del expediente en papel, un paso que la provincia de Mendoza ya comenzó en 2017.
Los nombres destacados que firmaron la resolución
La resolución de la Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal fue firmada por todos sus integrantes. No hay legisladores mendocinos, pero sí unos pocos nombres conocidos.
El presidente, por ejemplo, es Rodolfo Urtubey, ex juez federal y hermano del hasta ahora gobernador de Salta y derrotado candidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey. También es parte de la comisión la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica-Ari, espacio que lidera Elisa Carrió. Oliveto es parte del equipo de investigación de la corrupción del espacio.
También es de la partida el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. Fue inspector general de Justicia de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández y, desde la Cámara de Diputados de la Nación, fue uno de los denunciadores K de la gestión de Mauricio Macri. Una de sus cartas fue la supuesta vinculación de Odebretch con el presidente, aun cuando las licitaciones que beneficiaron a la constructora brasileña, como la del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, fueron realizadas por el gobierno K.
