Al comienzo de su gestión, el gobernador Alfredo Cornejo anunció el desafío de realizar una "revolución" en la Justicia, con una serie de modificaciones que permitieran mejorar el sistema, sobre todo agilizando las causas.
La remanida frase de que "los tiempos de la justicia no son los mismos que exige la sociedad" aplica -o aplicaba- de lleno en Mendoza, una de las provincias con mayor litigiosidad del mundo (en promedio por cantidad de habitantes), según palabras de Pedro Llorente, juez de la Suprema Corte, quien informó que por año ingresan unas 500.000 causas en todos los fueros.
La lentitud de la Justicia tiene múltiples aristas y causas, sin embargo el Ejecutivo se propuso modificar todos los códigos procesales, con el objetivo de cambiar el paradigma de los expedientes escritos y de la infinidad de audiencias; para llegar a otro con magistrados más involucrados en la causas, con plazos definidos y más cortos, y con audiencias orales, pero también haciendo hincapié en agotar todas las instancias posibles para resolver los conflictos (ya sean laborales, familiares o civiles) en instancias previas antes del juicio.
Con la reforma del Código Procesal de Familia, aprobada el martes, el Gobierno prácticamente cerró un círculo de modificaciones en pos de esa "revolución" que incluye otras nuevas legislaciones.
"Los cambios que hemos realizado en materia judicial son de los más emblemáticos de la historia de la provincia", sostiene el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino y asegura que el eje fue "modificar las estructuras del servicio de justicia para tener mejores resultados".
Paso a paso
La primera gran reformade la gestión Cornejo en el ámbito judicial fue el Código Procesal Penal (ley 8885), en julio de 2017. Para D'Agostino, el balance ha sido positivo, con plazos estrictos para determinar la prisión o no del imputado mientras ocurre la investigación y también con la participación de la víctima en el proceso.
"Aplicando la figura de la reiterancia pudimos terminar con la famosa 'puerta giratoria' y los números lo avalan, ya que del 2017 al 2016 bajó un 35% el porcentaje de robos agravados", comentó. En tanto, con la eficacia procesal se dotó de mayor poder a los ayudantes fiscales para participar de audiencias y que de esta manera, no se suspendan o fracasen en caso de que los fiscales no pudieran asistir.
También se aplicó el sistema acusatorio moderno a todo el territorio, ya que hasta hace poco el sur se manejaba bajo el sistema inquisitivo.
Con la ley 8928 del Ministerio Público Fiscal, promulgada en noviembre del 2016, se dotó de presupuesto propio a esa cartera, liderada por el Procurador Alejandro Gullé. No obstante, lo más destacado fue la creación del ministerio Público de la Defensa y Pupilar, debido a que era el propio jefe de los fiscales quien también gestionaba el trabajo de los defensores (ahora está bajo la órbita de la defensora general, Mariana Silvestri).
Con la creación de la Oficina de Conciliación Laboral en julio del 2017, más la modificación del Código Procesal Laboral, se han agilizado los procesos pero sobre todo "se bajó en un gran porcentaje la litigiosidad, ya que hay 50% menos de demandas", indicó D'Agostino.
Según indicó el juez de la Corte Dalmiro Garay, quien participó en la mayoría de las reformas como ministro de Gobierno de Cornejo, con los cambios en la oralidad y agilización de plazos "un juicio laboral que se suele resolver en 3 o 4 años pasará a realizarse en solo 7 u 8 meses".
Lo mismo ocurrió con el Código Procesal Civil y Comercial, en vigencia desde febrero de este año. "Las estadísticas son extraordinarias", se entusiasmó D'Agostino, ya que los juicios que demoran 4 o 5 años "ahora se resuelven en 5 meses".
También se modificó el proceso de evaluación de aspirantes para cubrir cargos en el Consejo de la Magistratura. El Gobierno sostuvo que se planteó la necesidad de tener igualdad de condiciones entre un abogado que trabaja en el Poder Judicial y los que están en la calle. Con una serie de cambios en el puntaje en las evaluaciones escritas y orales, y también en los antecedentes académicos, ahora son los consejeros quienes tienen una mayor posibilidad de poder elegir un “perfil de juez” para la Justicia.
El Código de Faltas fue otra modificación importante que "permitirá generar una mayor convivencia entre los mendocinos" al ingresar nuevas figuras de contravenciones aggiornadas a estos momentos. No obstante, ya cosechó también críticas de la oposición y también pedidos de inconstitucionalidad.
Otra modificación de fuste fue la transformación de la Justicia Penal con la creación del Fuero Penal Colegiado por sobre las cámaras del crimen. Ahora, si bien cada causa tendrá un juez, en caso que no pueda asistir a alguna audiencia o parte del proceso, será reemplazado por otro.
"Los magistrados pueden tener problemas o enfermarse, pero la 'función juez' no puede faltar nunca", comentó D'Agostino, quien aclaró que siempre habrá uno disponible para atender demandas.
Con la idea puesta en mejorar, pero también acercar la justicia a la ciudadanía, la provincia debutará el año que viene con los juicios por jurados, -iniciativa de la senadora kirchnerista Anabel Fernandez Sagasti- en la cual 12 personas decidirán sobre casos de homicidios agravados.
La Corte, el único fracaso
El talón de Aquiles de esta gestión ha sido la hasta ahora fallida reforma de la Suprema Corte, luego de la polémica generada por el aumento de siete a nueve miembros que proponía Cornejo, lo que fue considerado como una "posibilidad de ganar poder" del Gobernador al tener la posibilidad de postular a dos jueces más.
Pero desde el Colegio de Abogados avalan los cambios. "Hace años que se ha fracasado en el sistema de Justicia. Modificar los procesos para que sean más eficaces no pueden ser mal vistos desde ningún sector", opinó Pablo Teixidor, y agregó que muchas veces la lentitud en un caso generaba más problemas que soluciones para el ciudadano.
"Terminaba siendo injusto el fallo solo por el mero paso del tiempo y en eso somos todos responsables", dijo y señaló la importancia de realizar capacitaciones a todo el arco de magistrados "para entender el modelo que se está tratando de implementar y que podamos brindar soluciones en tiempo y forma".
Modificaciones
Código Procesal Penal. Plazos más cortos para determinar la prisión o no del imputado.
Ley del Ministerio Público Fiscal. Bajo el liderazgo del procurador Alejandro Gullé. Se suma la creación del Ministerio Público de la Defensa.
Oficina de Conciliación Laboral y Código Procesal Laboral. Busca agilizar los tiempos de los juicios laborales.
Código Procesal Civil y Comercial. También el foco está puesto en procesos judiciales más cortos.
Consejo de la Magistratura. Se modificó el sistema de elección de los aspirantes a cubrir cargos.
Código de Faltas. Introdujo nuevas contravenciones y actualizó otras.
Fuero Penal Colegiado. Para reemplazar jueces en caso de que no puedan estar en audicencias.
Juicios por jurados. 12 personas decidirán condenas en homicidios agravados.
Código Procesal de Familia. Agiliza adopciones y divorcios, entre otros.
