Los casos de violencia, acoso, discriminación, maltrato, abuso sexual y consumo de drogas, entre otras situaciones emergentes identificadas en las escuelas de la provincia, cuentan con una Guía de Procedimientos aprobada por la Dirección General de Escuelas (DGE) en 2014, que ayuda a directivos y docentes a enfrentarlas.
Sin embargo, se han identificado algunas falencias en el abordaje de estos casos, principalmente en los de abuso sexual o maltrato y en la intervención de los servicios médicos de emergencia.
Por este motivo, desde el año pasado funcionarios de la DGE se han abocado a revisar este documento vigente a través de las resoluciones N°635, 636 y 637. De hecho, la semana pasada concretaron una reunión con diferentes organismos del ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes relacionados con estas problemáticas, que se repetirá mañana.
Una vez finalizado el receso de invierno esperan presentar una nueva guía o agregarle modificaciones a la vigente para mejorar el abordaje en este sentido.
“Se decidió avanzar en la revisión principalmente porque la realidad es bastante dinámica, además los procesos sociales se van complejizando y requieren poder dar respuesta desde lugares nuevos”, explicó Marta Hintuchi, subdirectora de la dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares (Doaite).
Uno de los principales puntos que se examinarán serán los relacionados con el abuso infantil y el maltrato. "Lo que ocurre es que los niños se están animando cada vez más a confiar en los docentes y en las personas que están en la comunidad escolar para hablar de estas situaciones terribles. Y eso hace que aumenten mucho los casos y las situaciones nuevas, que por ahí no están contempladas", detalló la funcionaria, a la vez que adelantó que en este aspecto se trabaja de la mano con el Órgano Administrativo Local (OAL).
Hintuchi también precisó que en los casos de violencia intrafamiliar es necesario que la escuela ayude a determinar quién puede proteger al niño. “La escuela se plantea cómo acompañar, cómo buscar al adulto dentro de su sistema. En este sentido no es que la guía esté mal, sino que hay que hacer algunos ajustes pequeños para acomodarla a la realidad actual”, aclaró.
A su vez informó que la Doaite es el organismo donde llegan las consultas de las escuelas y son los casos de maltrato y abuso en los que se suscitan la mayor cantidad de dudas. “Por ahí empezamos a escuchar que con la guía de procedimiento vigente no se puede dar respuesta a todas las situaciones”, remarcó.
En este sentido, se hace inevitable recordar el caso de Florencia Di Marco, la niña abusada y asesinada por su padrastro, quien había comentado en su escuela de San Martín algunos detalles de lo que estaba atravesando. Si bien la funcionaria evitó referirse directamente al caso, aclaró que siempre se le debe dar prioridad al relato del niño.
“Lo que corresponde es que el docente cuando toma contacto con esta situación, pueda hablar con el niño y convocar al equipo del Doaite para hacer una derivación al equipo. Previamente es fundamental hacer la denuncia en la Fiscalía”, explicó.
Servicios médicos
Otro aspecto que se busca mejorar es la intervención de los equipos de salud en este tipo de situaciones. Actualmente, la guía indica que se debe llamar al Servicio de Emergencia Médico, público o privado según corresponda, para constatar lesiones, entre otras acciones.
“Hemos detectado que se los convoca para una función que los servicios no tienen, como constatar lesiones, ya que su función es determinar si hay alguna persona con riesgo de vida y actuar en consecuencia”, diferenció la subdirectora de la Doaite.
En las situaciones emergentes que aparecen en las escuelas, este procedimiento aconsejado por la guía dificulta la resolución del conflicto.
“Se empiezan a generar obstáculos en lugar de resolver la situación”, remarcó Hintuchi, quien reconoció que se trata de un aspecto bastante complejo para resolver: “Por eso esta semana vamos a tener el segundo encuentro con los miembros de los distintos organismos para consensuar propuestas y definir cuál va a ser la nueva dirección en este aspecto”.
Orientación propuesta
Hintuchi anticipó que la idea es tener las modificaciones de la guía ya formalizadas a la vuelta del receso invernal. “Vamos a ver qué resulta más claro y operativo, si hacer una nueva sobre la base de la anterior o plantear solo las modificaciones”, deslizó.
Por otra parte, la funcionaria aclaró que esta guía no es lo mismo que un protocolo. “El documento vigente ha sido armado con la idea de dar sugerencias y acompañar en estas situaciones emergentes, pero no como un protocolo que haya que seguir a rajatabla, lo que no imposibilita a los docentes y directivos a pensar”, dijo.
La directora de una escuela de Guaymallén, que prefirió no dar su nombre, coincidió con la necesidad de revisar la guía con la que trabajan desde 2014. “Yo creo que es útil, pero que hay ciertos puntos que deberían modificarse”, aseguró.
En este sentido, se refirió a la responsabilidad del docente al denunciar casos de violencia intrafamiliar: “Me parece que el docente queda muy expuesto y que es necesario protegerlo más. De hecho en algunos casos no denuncian por temor”, contó y opinó que otros organismos deberían intervenir en este aspecto. “Una cosa es el papel escrito y otra es llevarlo a la práctica, lo que a veces se dificulta”, comentó.
Próvolo: no se cumplió con el procedimiento
Los reiterados abusos sexuales contra menores denunciados en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján) dejan entrever que no se cumplió con la Guía de Procedimientos Ante Situaciones Emergentes de la DGE.
De hecho, se sospecha que los docentes a cargo de los chicos sordos sabían de las situaciones por las que atravesaban sus alumnos y nunca realizaron las correspondientes denuncias. Incluso se menciona a una ex directiva de la institución como cómplice.
Al respecto. Miguel Conocente, director de la Doaite, explicó: “En ese caso no se cumplió ningún protocolo ni ninguna guía de procedimiento, ya que se trató de una situación sistemática de violación no sólo de la guía, sino de leyes penales”, expuso, a la vez que remarcó que de haberse cumplido difícilmente se hubiera llegado a la situación que salió a la luz en noviembre del año pasado.
Por otra parte, negó que este documento de la DGE se comenzara a revisar a raíz de este resonante caso. “Este documento se encuentra en revisión permanente, aunque por supuesto los casos siempre cuestionan los instrumentos”, añadió.
Protocolo en la UNCuyo
Desde fines de junio la UNCuyo cuenta con un protocolo de intervención ante denuncias por violencia de género. El mismo se viene trabajando desde hace dos años entre diferentes áreas de la universidad.
El protocolo debe ponerse en marcha cuando una persona realiza la denuncia de la situación ante la autoridad de mayor proximidad por cualquier medio. El que la recibe debe encargarse de poner en conocimiento al funcionario designado por la Secretaría de Bienestar Universitario en un plazo no mayor a 48 horas.
Dicho funcionario contará con formación en perspectiva de género necesaria para recepcionar las denuncias. Por su parte, la secretaría de Bienestar en no más a 48 horas coordinará una entrevista con la posible víctima.
