Los altos costos de la implacable represión de la dictadura militar argentina desde que llegó al poder en marzo de 1976 pronto vaciaron las arcas de un Estado en crítica situación económica. La dictadura se contactó con varios países para obtener fondos y casi no obtuvo una respuesta positiva.
Pero la España que estrenaba democracia no dudó en darle su apoyo. El resultado fue un Protocolo de Cooperación Comercial y Financiera entre ambos países que se firmó en Buenos Aires en 1976, cuando los desaparecidos ya se contaban por millares, lo mismo que la aplicación sistemática de torturas y los campos de exterminio se extendían por toda Argentina.
Fue una oportuna inyección de oxígeno para los militares genocidas argentinos. Así lo informa con gran despliegue el prestigioso periódico español “Público”, que ha realizado una profunda investigación que publicó ayer en exclusiva. También se revelan copias de importantes documentos que el periódico da a conocer extensamente.
Estas revelaciones, sostiene Público, “demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya”.
De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo “expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive”, al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.
“Ante un Anaya que se salía de su uniforme, el rey Juan Carlos prometió que el responsable de Economía argentino 'tendría la mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse y/o proponerse. En tal sentido, dijo que España estaba en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales y financieras con la República Argentina”. A lo largo de las semanas siguientes quedaría claramente demostrado que no se trataba de simples elogios, indica Público.
En ese contexto, se normalizaron las ventas de carnes paralizadas hacia seis años. Martínez de Hoz recibió toda clase de atenciones y se le abrieron las puertas de los despachos, empezando por el Rey de España, el gobernador del Banco de España, marqués de Tejada. Al todopoderoso banquero Alonso Escámez, presidente del Banco Central, se le prometió que le devolverían la sucursal de su banco en Buenos Aires expropiada por el gobierno de Héctor Cámpora en 1973.
También hubo contactos con Emilio Botín, del Banco Santander, a quien se le devolvieron dos sucursales expropiadas por los peronistas. Botín reveló a los medios de prensa que en la Junta General de Accionistas se había referido al “futuro y perspectivas económicas en la Argentina”.
“Después de los recientes acontecimientos políticos acaecidos en aquel país, tenemos fundadas esperanzas de que se volverá a la prosperidad del pasado, pudiendo asegurar que nuestra organización allí, que incluye cerca de 500 empleados y nueve sucursales, está plenamente preparada para participar en el resurgimiento de aquella gran nación.
El nuevo Gobierno argentino nos ha ofrecido devolvernos las sucursales de Córdoba y Rosario que nos fueron expropiadas en 1973. Estamos en estos momentos concretando las condiciones en que ha de efectuarse dicha devolución”, aseguró Botín a los accionistas.
El mismo día en que esta noticia se publicó en los medios argentinos, los banqueros le ofrecieron un gran banquete a Martínez de Hoz. El marqués de Tejada se ocupó de reunir a los más poderosos financieros argentinos de instituciones públicas y privadas. Estaban presentes 64 personalidades españolas, presidentes de bancos, ministros y muchos empresarios.
De acuerdo a Público, después se firmó el Protocolo de Cooperación. Según el contenido de esos papeles secretos, ambos estados acordaron “poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera” por el cual España vendería a Argentina “bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales” por un valor global de 290 millones de dólares.
La dictadura también se comprometió a firmar contratos con la empresa Astilleros españoles por 140 millones de dólares. Y también otros para que las instituciones y empresas del sector público o privado argentino adquiriesen bienes de capital en España por valor de 150 millones de dólares que serían financiados por créditos españoles.
Todo pese a que la dictadura detuvo y fusiló al ciudadano español, de Galicia, Urbano López Fernándes, cuya esposa esperaba su segundo hijo.
El comercio global aumentó en 1977 hasta los 450,8 millones de dólares. En 1983, un informe secreto diplomático señaló que “España hizo su negocio sin otorgar ninguna concesión (a la Argentina”. Estos “perjuicios a empresas argentinas” se extendieron a la pesca, astilleros y otros rubros del intercambio comercial.
