La Justicia chilena investiga una treintena de robos de recién nacidos en hospitales públicos de Chile durante los años ’70 y ’80 que afectaron, sobre todo, a madres y parejas muy jóvenes y humildes.
Los niños y niñas fueron dados por muertos después de nacer y, mediante mentiras y sin papeles oficiales, funcionarios de la salud los entregaron a familias acomodadas, en algunas ocasiones con ayuda de monjas y sacerdotes.
Los casos han comenzado a salir a la luz después de una investigación periodística publicada en abril, pero ni los tribunales ni el Gobierno han logrado dimensionar el verdadero alcance de esta trama.
“Es probable que lo que ha sucedido en Chile haya sido tan masivo como lo que ocurrió en España, porque era una práctica extendida”, señala la abogada del Servicio Nacional del Menor (Sename), Consuelo Gazmuri.
Olivia y su bebé, caso testigo
El 8 de junio de 1980, Olivia dio a luz a una niña en el hospital del Salvador, en Santiago. Provenía de una familia humilde, pero le generaba mucha ilusión la pequeña, porque tenía cuatro hijos varones. Nació a los nueve meses, pesó 3,2 kilos y apenas se produjo el parto, la madre la tomó en su regazo.
El médico que la atendió, Gustavo Monckeberg, la sorprendió abrazando a la recién nacida. La regañó e incluso le dio una fuerte palmada en su muslo.
Pocas horas después, a la mujer le informaron que su hija había muerto. Al día siguiente, sin embargo, le llevaron al mismo bebé para amamantarlo: Olivia se dio cuenta de que estaba sana y la tuvo consigo durante horas.
En un momento, llegó el médico con una pareja a observarla: “No es nada de fea la mujer”, señaló la visitante y los tres salieron de la habitación.
Ese mismo día, una enfermera le informó que la niña estaba grave y que debían trasladarla a otro hospital, especializado en menores. La madre se resistió, dijo que no la había visto enferma, pero se la arrebataron de todas formas.
Fue la última vez que Olivia vio a su hija. Algunas horas después, le indicaron nuevamente que había muerto. Cuando quiso hacerle un funeral, le señalaron que su cuerpo había sido donado a la ciencia.
La madre fue al hospital Calvo Mackenna, donde supuestamente había sido trasladada su pequeña, pero en ese centro le indicaron que su niña nunca había sido ingresada. En el Registro Civil tampoco pudo encontrar un certificado de defunción.
La madre siempre sospechó que su hija había sido dada en adopción por la pareja que llegó a verla junto al médico. En 2014, Olivia se animó a denunciar los hechos al conocer por la prensa el testimonio de otras mujeres a las que les robaron a sus hijos con el mismo método.
En algunos casos -no está determinada la cantidad exacta- también participó el doctor Monckeberg, que falleció en 2008.
El Sename habilitó una página web para recopilar las denuncias, que ya han llegado a 150. La semana pasada, el organismo del Gobierno presentó una querella por seis casos ocurridos en Santiago.
Uno de ellos es el de la madre que llegó a parir al hospital del Salvador ese 8 de junio de 1980 y su relato está en poder de la Justicia y será investigado.
“Posiblemente vamos a presentar nuevas querellas en otras ciudades del país”, señala la abogada Gazmuri.
El ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, investiga otra veintena de casos. El magistrado tiene dedicación exclusiva en causas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, los 17 años de dictadura de Pinochet.
Carroza explica que la indagación recién comienza, pero ha logrado configurar el método que hizo posible la sustracción de recién nacidos: “Las madres de escasos recursos se iban a atender a hospitales públicos y se les comunicaba que su hijo había fallecido, pero se los habían entregado a otras familias. Se está investigando la participación de matronas, médicos, enfermeros y religiosos”.
El magistrado señala que no ha logrado determinar que haya habido pagos, descarta que se haya tratado de sustracción sistemática de hijos de opositores a la dictadura y señala que existen presunciones de que algunos niños robados están fuera de Chile.
Una monja en la mira de la Justicia
En algunos de los casos se ha determinado la participación de monjas y curas en las sustracciones.
La Justicia ha interrogado en calidad de inculpada a la religiosa María Graciela Soto, de 93 años, que habría entregado a niños en el hospital Barros Luco de la capital chilena, donde se concentra la mayor cantidad de robos.
El abogado Cristian Letelier, que representa a 13 casos, señala que se le ha pedido al magistrado que investigue a una monja de nombre Gertrudis Kuijpers que actualmente vive en Holanda.
“Sacó 99 niños chilenos, hijos de madres vulnerables, de forma absolutamente ilegal. Hoy tienen entre 30 y 35 años”, señala el jurista.
Fuente: El País de España
