En las decisiones del gobierno de Macri referidas al Reino Unido y a la cuestión Malvinas resulta difícil encontrar aspectos que respondan al interés nacional. Macri concede todo o casi todo a cambio de nada.
No creo que las felicitaciones por supuestos avances en materia económica o apoyos a membresías en organismos internacionales con las que el gobierno británico arropa a nuestro presidente, sean beneficios para el país. Lo que está en juego es la soberanía nacional de una parte de nuestro territorio.
El Gobierno lleva adelante una acción desmalvinizadora: eliminó la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas; las islas desaparecieron de los mapas oficiales con sospechosa frecuencia, y fue vetada la ley de jubilación anticipada de los veteranos de guerra. Además, ha tolerado ejercicios militares y la continuación de obras de ampliación de la fortaleza militar de Monte Agradable. También permitió avances de la exploración hidrocarburífera y no protesta por el inminente inicio de la explotación de nuestros recursos, entre otros graves retrocesos.
La acción desmalvinizadora más grave ha sido el acuerdo del 13 de setiembre de 2016. Sin demasiado éxito, la Cancillería intentó negar su carácter vinculante. Los cuestionamientos del Congreso y de destacados especialistas en Derecho Internacional provocaron la salida del gobierno del vicecanciller Foradori, primero, y de la canciller Malcorra luego. Ya en dos ocasiones, la primera ministra británica Theresa May expresó en misivas dirigidas a los isleños sus expectativas de que Argentina cumpla lo comprometido. Para los británicos se trata de un tratado internacional.
He cuestionado el acuerdo del martes 13 por múltiples motivos. Resucita el perimido “paraguas de soberanía” del menemismo, posibilitando al gobierno británico hablar y negociar de todo menos de soberanía. Acuerda “remover los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas”, es decir en favor de los británicos. La derogación de las leyes sobre hidrocarburos y pesca es lo que nos exigen ahora.
Además, promueve la cooperación militar con las fuerzas armadas británicas que ocupan parte de nuestro territorio nacional y acuerda sobre vuelos e intercambio de información científica, en contradicción con el interés nacional.
El Gobierno produjo una inconveniente disrupción con políticas que estaban consolidadas. En los únicos campos en que no tuvo esa actitud se han obtenido logros en acciones iniciadas por gobiernos anteriores: ampliación de la plataforma continental e identificación de soldados sepultados en Darwin.
Desde la reforma del '94, la Constitución establece las bases de la política de Estado para la cuestión Malvinas que hoy el gobierno incumple y vulnera. Es necesario poner a Malvinas en el lugar de política de Estado prioritaria.
