Nuestro país no sólo tiene un sistema impositivo y presión fiscal que abruman y asfixian a los contribuyentes, sino que tiene muy malos impuestos, como los derechos de exportación, comúnmente denominadas retenciones. Más claro: cuando alguien exporta tiene que pagar para hacerlo, delirios de un país que funciona al contrario de eso que el gobierno llama "un país normal".
A lo largo de nuestra historia económica las retenciones se han colocado, aumentado, disminuido, y eliminado en varias oportunidades. Los gobiernos han sido propensos a aplicar derechos de exportación, son muy fáciles de recaudar y rendidores si hay exportaciones, especialmente luego de fuertes devaluaciones de nuestra moneda, como ocurrió en los años '60 del siglo pasado. En estos casos se trata de las denominadas "devaluaciones compensadas". El gobierno trata de que "los beneficios de la devaluación" no vayan a manos del exportador, e impedir el aumento de los precios internos de los productos alimenticios. Las retenciones fueron eliminadas en los '90 y reaparecieron luego de la violenta devaluación de 2002. Todos recordarán 2008 y el conflicto con el campo cuando se intentó aplicar un sistema de retenciones móviles, porque los precios de la soja eran muy altos en el mercado internacional. Los derechos de exportación habían recaído casi siempre sobre las exportaciones agropecuarias y agroindustriales. En varias ocasiones fueron acompañadas de otro mecanismo muy dañino como es el sistema de cambios múltiples, varios precios distintos para un mismo bien, el dólar.
Cuando asumió Cambiemos, eliminó las retenciones para trigo y maíz, y estableció un cronograma de reducción para la soja. También eliminó regulaciones que limitaban o impedían las exportaciones de carne. La respuesta de los empresarios no se hizo esperar, se incrementó notablemente el área de siembra de trigo y de maíz, restableciendo una rotación de cultivos que mejora los suelos, afectados por la "sojización" a la que obliga el sistema de retenciones. Lamentablemente la extraordinaria sequía del año pasado afectó severamente al agro produciendo ingentes pérdidas. A pesar de ello los productores encararon con entusiasmo la campaña 2018/19, donde sobresalía la expectativa de la cosecha de trigo.
Pero con siembras ya realizadas vino el inevitable acuerdo con el FMI al quedarse el país sin financiamiento externo y ser incapaz de reducir el gasto público. Entonces, el ajuste requerido de las cuentas públicas se hizo incrementando impuestos. Reaparecieron las retenciones al sector agropecuario, a las industrias y a partir de ahora también a los servicios, en definitiva todo lo que se exporta paga derechos de exportación. El esquema aplicado no es porcentual sino de 4 y 3 pesos por dólar exportado según el tipo de productos, más alto para los agropecuarios y menor para la industria. En el caso de la soja se ha mantenido un porcentaje de 18% más los $ 4 por dólar. Ahora se han incorporado las exportaciones de servicios, software, comunicaciones, servicios jurídicos, contables y asesorías. Este rubro ya ocupa el tercer lugar en exportaciones detrás de las agropecuarias y agroindustrias. Se estableció que la retención se tributará a partir de un piso de U$S 600.000 de exportaciones.
Establecer los derechos de exportación como una quita de 3 y 4 pesos por dólar exportado, nos hace volver al sistema de cambios múltiples. Esta situación afecta negativamente a quienes tienen alto contenido de insumos importados en los bienes que exportan, en cuyo caso pagan un dólar a $ 40 y cobran uno de $ 36.
Ahora, si bien la retenciones la sector agropecuario han sido moneda corriente en nuestra historia económica, sorprende las aplicadas al sector servicios, sobre todo informáticos y comunicaciones. Sectores para los cuales se han adoptado variadas medidas de estímulo y que trata de actividades altamente intensivas en conocimientos y trabajo especializado. En la edición del sábado 5 se pueden leer las elocuentes opiniones de destacados emprendedores del sector. Igualmente el desaliento del sector agropecuario, el domingo 30 en Economía.
