Hace unos días se realizó en Mendoza una reunión que, en el fárrago de una semana tumultuosa, quizás no tuvo el tratamiento en los medios que su importancia amerita. Se ha reunido el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal integrado por los ministros de Hacienda, o sus equivalentes, de todas las provincias, con la presencia del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, funcionarios de sus cartera y del Ministerio del Interior. El propósito fue echar las bases de lo que sería una ley de responsabilidad fiscal a presentar al Congreso de la Nación en el transcurso del corriente año, como primer paso del proyecto de reforma tributaria integral anunciada por el ministro de Hacienda.
El resultado fue la firma de un acta-acuerdo que establece las bases principales del proyecto de ley precitado que, con razón, un destacado analista político califica de “ambicioso, complicado y audaz” en un año electoral. Evidentemente lo es, porque pretende atacar el núcleo del problema económico de nuestro país desde hace décadas: el gasto público, el déficit fiscal, el desbarajuste tributario, el endeudamiento creciente del Estado en todos sus niveles y jurisdicciones. El solo hecho de haber tratado y reconocido en un documento este problema, siempre esquivo, es un paso enorme.
El objetivo básico del acuerdo y de la consiguiente política a aplicar es mantener constante, en términos reales, el gasto público hasta 2019, estableciéndose que el mismo no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación medida por el IPC a nivel nacional.
Éste es un objetivo, diríamos "de mínima" en un país cuya expansión del gasto público en el período kirchnerista ha excedido todo límite de razonabilidad.
De cumplirse esta meta y suponiendo un razonable crecimiento de la economía, implicaría una leve baja del gasto en relación al PBI.
En materia de empleo público, establece que no podrá crecer por encima del incremento poblacional, salvo que la jurisdicción provincial haya alcanzado el equilibrio fiscal, en cuyo caso podría aumentarlo sólo en relación a la inversión.
Un punto de gran importancia es el compromiso asumido, por las provincias y la Nación, de no incrementar alícuotas ni crear nuevos hechos imponibles sobre actividades productivas; alivianar la carga tributaria en aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica. Si bien Dujovne dijo que este punto no se podrá cumplir en forma inmediata, es de valor que los ministros hayan asentado en un acta el reconocimiento de malos impuestos que afectan la actividad económica y el compromiso de no incrementar las alícuotas y, sobre todo, no crear nuevos hechos imponibles. Esto es muy importante porque en forma constante aparecen legisladores y funcionarios proponiendo crear nuevos impuestos a contribuyentes ya abrumados por los existentes.
Además se ha acordado poner límites al gasto público seis meses antes de la finalización del mandato de los gobernantes; también procurar crear un fondo anticíclico, incluso con la participación del sector privado.
Alfredo Cornejo ha afirmado que estos puntos, varios de ellos propuestos por su gobierno, ya se cumplen en Mendoza, donde el gasto público corriente bajó y está aumentando la inversión. También afirmó que se ha reducido la planta de personal en 4.000 personas.
Más allá de la precisión de los datos, es una realidad que el gobierno provincial está realizando un gran esfuerzo en contener y mejorar el gasto, sobre todo excesos existentes en materia de personal.
Una reflexión que viene a cuento es el impacto en la economía la decisión del gobierno de Brasil, a fines del año pasado, que por ley con rango de enmienda constitucional dispuso congelar el gasto público por un período de 20 años. Esta medida ha tenido gran apoyo de los inversores y contribuido a sostener el tambaleante gobierno del país vecino.
Finalmente recordemos que la secuencia de las crisis económicas en nuestro país va del déficit a la deuda pública, de ésta a la inflación y al default.
