El asunto del día era una ley para castigar a empresas que cometan delitos de corrupción, justo en la primera sesión después del cierre de listas de candidatos. Por lo tanto el de ayer no podía ser un debate tranquilo ni pasar inadvertido, más tratándose del último hasta después de las PASO.
Y así fue: los diputados de las tres principales bancadas, el oficialismo, el massismo y el kirchnerismo, se mostraron los colmillos y cruzaron acusaciones sobre operaciones de fraude contra Estado durante seis horas. Odebrechet, Julio de Vido, Gustavo Arribas, Ángelo Calcaterra y José López aparecieron con frecuencia en los discursos.
Al final, el proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas obtuvo la media sanción en general (el análisis en particular pasó para la semana que viene por iniciativa de la diputada Carrió) con los votos del oficialismo y del massismo con 131 votos afirmativos, 63 en contra y siete abstenciones (del Bloque Justicialista, que lidera Diego Bossio). El kirchnerismo votó en contra de la ley de corrupción empresaria.
Pero la oposición logró que se le aplicaran cambios durante la votación en particular. El más relevante fue la eliminación de un artículo que establecía la posibilidad de realizar acuerdos extrajudiciales, con el objetivo (del Gobierno) de impedir la intervención de la procuradora general de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó.
“No estamos ni con Socma (empresa del Grupo Macri) ni con Juan Pérez ni con el que venga. Caiga quien caiga, venga de donde venga, lo que estamos procurando es hacer una ley y contribuir, como ocurre en muchos países del mundo, a que tengamos más transparencia”, dijo el presidente del interbloque Cambiemos, el radical cordobés Mario Negri, en el cierre de un debate áspero y largo.
Las peleas habían arrancado temprano, a las 3 de la tarde, cuando la diputada massista Graciela Camaño denunció la puesta en escena (lo pronunció en francés, mise-en-scène) de Cambiemos sobre este proyecto y sostuvo que para el Frente Renovador bastaba con modificar el Código Penal.
“Empezamos a ver que el caso Odebrecht los llena de mierda a todos”, lanzó una encendida Camaño, tras criticar, sin mencionarlo, al diputado oficialista Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, por aparecer en un “en un videíto él solito”, según dijo, atribuyendo exclusivamente a Cambiemos la elaboración del proyecto.
Sánchez le respondió inmediatamente: “Lo que ya se robaron lo vamos a recuperar con esta ley. Y los vamos a mandar en cana, sean personas o empresas”, aseveró.
El mano derecha de Elisa Carrió le dijo a Camaño que los diputados de la oposición “no fueron ni una reunión de comisión” para debatir este proyecto. “Del bloque del FpV no vinieron nunca, ninguno. Sabemos por qué: porque estamos combatiendo la corrupción”, dijo Sánchez.
Pero Camaño no se quedó callada y redobló la apuesta: “El oficialismo no quiere una ley para resolver el problema de los empresarios corruptos. Quieren buscarle la salida a los empresarios corruptos”, bramó Camaño.
Más cruces
Pero el “tole tole” no terminó ahí: el presidente del bloque kirchnerista, Héctor Recalde, señaló que a su criterio en el Congreso se acusa con ligereza a funcionarios, exfuncionarios y empresarios de corruptos, cuando en la Argentina rigen los principios constitucionales de “presunción de inocencia y debido proceso”. En el final del debate, casi a las 9 de la noche, dijo: “Nosotros estamos absolutamente en contra de la corrupción”. En el recinto estallaron las carcajadas.
Antes había aparecido Carrió: “Quiero hacer una pregunta nada más: quien nos puede enseñar y explicar todo el sistema de sobornos es un diputado de la Nación, Julio de Vido. ¿Dónde está el diputado De Vido? ¿Asistió? Porque podemos darle la palabra. Que nos diga cuánto cobró y cuánto les dio a los Kirchner”. De Vido estuvo ausente durante toda la sesión.
Cambios en la sesión
En particular la oposición logró eliminar el artículo 37. "Las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (...) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley. En estos supuestos, intervendrá únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes y en las jurisdicciones locales", decía tal artículo. El oficialismo pretendía impedir que las causas de corrupción pasen por la procuradora Gils Carbó. La oposición cuestionó que estos acuerdos quedaban en manos del Gobierno, cuyos funcionarios también podrían tener intereses o estar involucrados en causas de corrupción con empresas.
La norma establece que las personas jurídicas podrán ser sancionadas con una multa que va del 0,5% al 20% de “los ingresos brutos anuales que la condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior” al delito.
Además, podrán sufrir la suspensión total o parcial de actividades; del uso de patentes y marcas; la publicación de la sentencia condenatoria; la pérdida o suspensión de subsidios estatales, entre otras cuestiones.
Odebrecht vende su parte de la obra del Sarmiento
Odebrecht vendió su parte a la italiana Ghella en el consorcio que está haciendo el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, como consecuencia del escándalo de corrupción que sacude a la empresa brasileña. El Consorcio Nuevo Sarmiento ahora está a cargo de Ghella, con el 70,4% de las acciones; la empresa local Sacde (ex Iecsa) permanece con el 28,6%; y la española Comsa tiene el 1% restante.
El Gobierno recibió ayer una nota de Ghella pidiendo la aprobación de la transferencia. Fuentes oficiales dijeron que, “en principio, no habría problemas para aprobar la operación”.
El mes pasado el presidente de Italia, Sergio Mattarella, le habría pedido a su par argentino, Mauricio Macri, que saque a Odebrecht del consorcio que está haciendo el soterramiento del Sarmiento, para evitar que las causas de corrupción contra la empresa brasileña impacten en la italiana Ghella. La embajada de Italia desmintió ese pedido en su momento. Pero hace dos semanas, Macri daba por hecho que Odebrecht se desprendería de las obras del soterramiento.
Con las coimas como telón de fondo, para el Gobierno era complicado hacer las inauguraciones parciales de las obras, en plena campaña electoral, teniendo que pagarle a la firma brasileña por el soterramiento del Sarmiento.
Presupuesto millonario
Esa obra pública tiene un presupuesto de US$ 3.000 millones, aportados por el Estado nacional y tiene un avance de obra del 3%. La empresa Ghella tenía a su cargo las direcciones del Proyecto y de la Producción; mientras que ahora suma la de Ingeniería. Además, Ghella podría conseguir nuevo financiamiento para la obra.
La dirección de Administración y Finanzas queda en manos de la empresa local Sacde, de Marcelo Mindlin, que hasta hace tres meses se llamaba Iecsa y era del primo de Macri, Ángelo Calcaterra.
En el Ministerio de Transporte destacaron que la obra iba a comenzar en 2006, pero que recién arrancó en octubre de 2016, cuando Macri inauguró la tuneladora de la estación Haedo. Hace un mes había 260 anillos de hormigón ensamblados y colocados bajo tierra por la misma máquina tuneladora.CC
