Tanto el gobierno nacional como el provincial han anticipado la continuidad de las discusiones paritarias para la determinación de los salarios, tanto en el sector público como en el privado. Mauricio Macri confía en que se alcance un acuerdo social entre trabajadores y empresarios en el sector privado, mientras espera que exista la suficiente madurez entre los dirigentes de los gremios del Estado como para alcanzar porcentajes aceptables tanto para un sector como para el otro. La situación en Mendoza, por ahora, pareciera ser distinta. Algunos gremios, especialmente ATE, han anticipado su disposición a reclamar porcentajes importantes, sin tener en cuenta que existe un antecedente, el de 2015, en que lograron un aumento por encima del resto de los trabajadores del país y de lo que podía afrontar el Estado con su recaudación, y el resultado quedó a la vista: el dinero previsto para el año se terminó antes y el Gobierno no pudo pagar, en los términos previstos, los salarios de noviembre y diciembre.
Debemos partir de una base: las discusiones paritarias son beneficiosas para el trabajador. Porque no sólo se trata de salarios sino también de condiciones laborales, de fijación de pautas a respetar en relación a los contratados o a los concursos para ascensos de categoría, entre otros aspectos. Sin embargo, por lo ocurrido en los últimos años -y quizá también fruto de la inflación- todo se ha centrado en el porcentaje salarial. En el caso de los estatales, es el Gobierno el que se ve en la necesidad de colocarse como sector “patronal”, frente a los planteos que surgen de parte de los representantes de los trabajadores.
Con justificada razón, los gremios intentan sacar el mejor resultado para sus afiliados, mientras el Estado debe responder de acuerdo con sus posibilidades de pago. Y es aquí donde debe primar la madurez política de cada una de las partes, porque cuando se rompe el necesario equilibrio, como sucedió en la última discusión paritaria de la gestión de Francisco Pérez, los resultados fueron nefastos. Los gremios estatales locales enarbolaban como una bandera de triunfo el haber logrado el porcentaje de aumento más alto entre todos los trabajadores del país, mientras el Gobierno, que no tuvo en cuenta cómo enfrentar la erogación a lo largo del año, se quedó sin dinero para hacer frente al pago de los sueldos de los dos últimos meses. Surgió entonces la protesta lógica de aquellos trabajadores que, habiendo desempeñado sus funciones, no podían cobrar sus salarios, mientras el Gobierno recurría a desesperados intentos ante entidades bancarias para poder hacer frente a las necesidades.
Tomando quizá ese antecedente es que el gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con los representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado. La respuesta fue positiva en lo relativo a la convocatoria, aunque ningún dirigente sindical se mostró demasiado permeable al pedido de moderación realizado por el mandatario. Cada uno, entonces, dio a conocer su forma de pensar y todo quedó a resolver con el mismo inicio de las paritarias, previstas para enero. Con una agravante, como es el hecho de que ningún gremio a nivel nacional ha anticipado algún tipo de planteo respecto de los porcentajes, en razón de que todos esperan conocer cómo terminará la inflación de diciembre y las perspectivas para 2016.
De allí entonces que se hará necesaria una fuerte dosis de madurez en las partes cuando deban discutirse los salarios de los trabajadores del Estado, porque al fin y al cabo es la ciudadanía la que, con sus impuestos, termina haciendo frente a las erogaciones.
