En el gobierno local reconocen que tiene lógica la decisión del Ejecutivo nacional de centralizar la administración de elementos destinados a la emergencia sanitaria por el avance del coronavirus, pero reclaman pautas claras y no discrecionalidad teniendo en cuenta que los recursos, tanto nacionales como provinciales, son bastante escasos ante la situación que se presenta.
También admiten en la administración provincial que el gobierno nacional ha tomado con firmeza la batalla contra la pandemia, pero luego de un comienzo no muy lejano en el que algunos funcionarios, hoy gravitantes, tomaron con alguna displicencia el avance y la llegada de la enfermedad a nuestro país.
En ese contexto, se generó polémica en la semana porque en declaraciones periodísticas el Gobernador se quejó públicamente del gobierno nacional porque éste centralizó la distribución de todo tipo de aparatos e insumos para atender los casos de emergencia por coronavirus. De ese modo bloqueó la compra de 100 respiradores que la Provincia había encargado a una empresa proveedora de Córdoba. Con su decisión, la Nación es ahora la que tiene disponibles esos instrumentos.
Lo que también movió a Suárez a mostrarse molesto con la decisión de Fernández fue tener que esperar que sea el gobierno nacional el que disponga qué cantidad de respiradores se le entregará a Mendoza, puesto que el criterio de Salud de la Nación es priorizar a las zonas más necesitadas de asistencia.
Evidentemente pudo haberse dado un cruce de intenciones y decisiones. Suárez sabía que Mendoza cuenta con respiradores insuficientes ante una necesidad de atención de casos de virus muy elevada y salió a abastecerse, mientras que el gobierno nacional consideró, con razón, que en un marco de emergencia nacional le caben al Ejecutivo atribuciones para disponer la centralización del reparto de recursos materiales y monetarios.
Suárez hizo lo correcto; tal vez su error haya sido mostrarse molesto con énfasis en las declaraciones que destaparon su enojo. Una actitud más tolerante posiblemente no hubiese despertado tensiones. En la Casa Rosada, si bien algunas fuentes dijeron que la reacción del mendocino causó cierto malestar, prefirieron dar vuelta la página en virtud de la celeridad de trabajo que se impone en esta coyuntura y siguen apelando a la buena sintonía que Mendoza mantiene con la gestión de Fernández desde el comienzo de ambas, en diciembre.
En cambio, donde sí surgen más interrogantes es en lo referido a la distribución de la asistencia financiera a las provincias desde la Nación para hacer frente a los gastos que genera la atención por la pandemia. El gobierno local ya dijo que los 127 millones de pesos que la Nación le da a nuestra provincia en concepto de ATN para asignar a sanidad y seguridad no cubren las expectativas. Es lo que le toca en el reparto de los primeros 3 mil millones de pesos que adjudicó el Ministerio del Interior, para pagar antes de que termine este mes. Una suma similar se repartirá en abril.
En este aspecto la queja no surge sólo desde Mendoza; la mayoría de los gobernadores, entre los que muchos son justicialistas, expresan preocupación por el “parate” de la economía y su repercusión en las cuentas.
Sorprende y molesta de algún modo que la cifra a repartir quede sólo en 6 mil millones a prorratear en dos pagos cuando lo que se pidió entre todos fue la liberación de 77 mil millones disponibles en ATN.
Surgen así algunos reclamos que no llegan a adquirir aún la categoría de queja porque la realidad impide ir más allá de lo que la emergencia fija.
Está claro que es una respuesta parcial por parte de la administración central que pone contra las cuerdas, en términos boxísticos, a las provincias más comprometidas por la recesión y el agravamiento de la situación por la actual emergencia sanitaria.
Sombrío panorama: la Nación puede hacer frente a todo este disloque con emisión, cuyos resultados se verán cuando pase la crisis. Las provincias, en cambio, no emiten y las posibilidades de acceso al crédito son prácticamente imposibles. Eso explica por qué comenzó a hablarse nuevamente de cuasi monedas provinciales, como en la crisis de 2001-2002.
Es por todo esto que en el entorno de Suárez sostienen que pese a la gravedad de la pandemia “es imposible” no hablar de lo económico y no intentar prever qué puede ocurrir en lo que resta del año si el cese de la mayor parte de la actividad económica y productiva se mantiene en receso.
No cuesta mucho advertir que abril y mayo serán meses durísimos para las cuentas del Estado, si bien la paralización de actividades se produjo entrada la segunda quincena de este mes. Pero hay que tener en cuenta que ya la situación económica previa era muy desalentadora en general y por esa razón, entre otras medidas, desde Hacienda se instrumentó el plan de regularización de deudas de ATM que vencía en febrero y fue prorrogado hasta el 31 de este mes. Y que no sería extraño que continuara en abril. La caída de la recaudación, estiman en Hacienda, será importante y se acercaría al 30 por ciento.
En sintonía con el gobierno local, el diputado nacional Alfredo Cornejo propuso, mediante un proyecto, un nuevo esquema de distribución de los fondos de ATM por considerar insuficientes los recursos que se entregan actualmente. No hubo respuesta favorable por parte del oficialismo, ya que consideran, según lo que trascendió, que en este caso también le corresponde al Presidente centralizar y distribuir.
Postura polémica la que se le atribuye al oficialismo en este asunto. En primer lugar el Estado nacional debe apuntar lo más que pueda a que las arcas de las provincias no terminen totalmente por el piso cuando pase esta delicada realidad. Pero, además, no puede abusar del poder al punto de disponer cuánta plata le corresponde a cada una bajo el amparo de la emergencia por el coronavirus.
