En la Legislatura, por iniciativa del Instituto Multidisciplinario de Ciencias Ambientales de la UNCuyo (ICA-UNCuyo) y del senador Marcelo Rubio, se realizan periódicamente charlas-debate en los que se hace el seguimiento y tratamiento de situaciones que comprometen la preservación de la calidad ambiental. En la última reunión se abordó la problemática de los residuos sólidos urbanos.
En todos lados la producción de alimentos, artículos de consumo y de uso diario pero también insumos para la manufactura industrial y agropecuaria, se fundamenta sobre la necesidad de extracción y generación de materia prima renovable y no renovable más la aplicación de energía. Casi en su totalidad los productos, cuando cumplen su ciclo de vida útil, terminan transformándose en un desecho, como explicaron los disertantes de las jornadas, el especialista brasileño Raphael Barros y la doctora Mabel Levantino, de la UNCuyo.
A partir de ese momento es el Estado el que toma la responsabilidad de ser propietario de este desecho y se encarga de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final del material. Pero entonces el Estado debe convertirse en agente regulador para que materiales reciclables de estos desechos sean utilizados como residuos en procesos de reciclaje para transformarse en nuevas materias primas.
Sin embargo, en la realidad mendocina una cantidad muy importante de residuos terminan en basurales clandestinos o a la vera de rutas o caminos provinciales y nacionales. Sólo en el Gran Mendoza (dato de octubre 2015) se generaban 1.000 ton de desechos por jornada, y al menos 400 tn quedaban en vertederos improvisados.
A modo de inicio de solución, desde el Gobierno provincial han prometido iniciar un plan para que la totalidad de los residuos del Área Metropolitana reciban el tratamiento adecuado en una planta de separación que se sumará al relleno sanitario existente en El Borbollón (Las Heras). Según nos explicó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, el proyecto ya está pre aprobado, con una inversión que ronda entre 35 y 45 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A modo de conclusión, podemos manifestar que si bien en Mendoza la parte legislativa está repartida entre Nación, provincia, y municipios, por medio de la Ley 1079 y ordenanzas específicas, que permiten la implementación de consorcios públicos intermunicipales, debe insistirse en aprovechar la estructura organizacional creada por este gobierno como es el Unicipio, que aunque abarca el Gran Mendoza, hay que tener en cuenta que es el área donde se produce la mayor concentración de residuos urbanos. Articular consorcios públicos intermunicipales y sobre todo incorporar como medida de inclusión social a los recuperadores.
Estos últimos, al estar organizados desde el Estado, pueden ayudar a mejorar la recolección y selección de los residuos, brindando herramientas para organizarse mejor, como se consiguió en el Campo Papa. Debe procurarse, día a día, desterrar lo que antes era tan habitual, cuando las personas recogían las bolsas de basura y lo que no les servía lo volcaban en canales de riego o en lugares urbanos contaminándolos y, en casos extremos, los residuos patológicos que terminaban en puestos aledaños de zonas urbanas, que eran utilizados para la cría de porcinos. Por último hay que educar a una parte de la sociedad que no sabe lo perjudicial que es tirar los desechos y desentenderse del asunto.
