No quedan dudas de que el intento del Ejecutivo de avanzar sobre la Justicia surge del hecho de que no ha podido doblegar a una Corte que mantiene con firmeza la defensa de la Constitución Nacional y que no está dispuesta a aceptar las presiones permanentes que surgen del Gobierno.
Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia, avanzó sobre la Corte “menemista” y designó en su lugar a hombres y mujeres de probada capacidad, lo que contó con un amplio apoyo de sectores sociales y políticos, quienes consideraban que se trataba de una Corte más independiente. Durante años, esa situación fue tomada como una bandera del Gobierno, pero en los últimos tiempos, como consecuencia de decisiones que no coincidían con los objetivos oficialistas, la presión sobre la Justicia se profundizó.
En su afán de convencer a la opinión pública sobre la decisión tomada, la Presidenta dijo a través de las redes sociales que el Poder Judicial no puede ser un lugar al que sólo acceda quien es “conocido de” o “pariente de” y que “todo ciudadano que reúna las cualidades, los requisitos y apruebe los exámenes puede ingresar”. Cabría preguntarse entonces si los jóvenes de La Cámpora han rendido algún tipo de examen para ingresar a Aerolíneas Argentinas, a la Anses o a otros organismos del Estado, con sueldos superiores a los de cualquier gerente de una entidad privada.
Dijo también que los jueces deberían pagar Ganancias, un impuesto del que ahora están exentos. Para el público en general, se trata de una petición justa, pero dentro del actual clima político es una nueva excusa para avanzar y presionar a los jueces en la toma de decisiones. Como ejemplo podríamos tomar lo que le sucedió al propietario de una inmobiliaria cuando tuvo el “descaro” de decir que había caído la actividad como consecuencia del cepo al dólar o lo que le ocurrió al jubilado de Bariloche cuando señaló que no podía comprar 100 dólares para regalarle a su nieto en el día de su cumpleaños.
A los dos les llegaron al otro día funcionarios de la AFIP para investigar sus actividades. Cabría imaginarse entonces qué puede llegar a suceder con la AFIP cuando un juez o la propia Corte no se dobleguen a las exigencias del Gobierno.
Otra reforma propone el voto directo para elegir la integración del Consejo de la Magistratura. Para la Presidenta, “ni los jueces ni los abogados tienen coronita para elegirse entre ellos”.
Sin embargo, el artículo 114 de la Constitución Nacional indica que el Consejo “será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”. La elección directa no está mencionada y, tal como se la propone aplicar, hay serios riesgos de politizar la Justicia, un poder que debe mantenerse independiente para que independientes sean también sus decisiones.
Con un Congreso inexistente porque está subordinado al Ejecutivo, con un país federal que en los hechos no existe porque todas las decisiones se toman desde el Gobierno Nacional y con un Poder Ejecutivo dispuesto a avanzar a cualquier costo en la búsqueda de alcanzar sus objetivos, el único Poder que puede defender la República es el Judicial. No se puede permitir entonces que se intente avanzar sobre su independencia.
